/ miércoles 19 de agosto de 2020

Persiste disputa de tierras entre Chehanló y Aldama

El Tribunal Unitario Agrario otorgó a Aldama las 60 hectáreas en conflicto y se ordenó a Santa Martha indemnización de un millón 300 mil pesos


No obstante la firma de pacto de no agresión en el 2019 y ratificado en este 2020, indígenas de San Pedro Chenalhó y Magdalena Aldama, siguen enfrentados con armas de fuego por la disputa de 60 hectáreas de tierras desde hace 45 años, dejando una estela de dolor, miedo, desplazamientos, decesos y heridos.

Durante el pasado martes las agresiones entre grupos confrontados ocurrieron en las comunidades de Cocó, Chivit, Yetón, San Pedro Cotzilnan, Tabak, Xuxchen y cabecera municipal de Magdalena Aldama. El viernes y sábado iniciaron las agresiones en San Pedro Cotzilnan y Yetón. El domingo se reportaron ataques en Ch’ivid, Yetón y Tselejpotobti.



Lee también: Las necesidades de los pueblos indigenas continúan pese a tantos discursos



Durante el día, tarde y noche de este martes los grupos armados se ubican en el Puente, K’ante’, Templo, Panteón, Xchuch te’, Vale’tik, Santa Martha y en el punto conocido como El Ladrillo dentro de las 60 hectáreas en disputa, el escenario es de desplazamiento de familias y el despojo de armas a policías, así lo reportó un uniformado a su superior.

En la región el pasado 1 de agosto subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que el compromiso es atender el conflicto agrario en los municipios de Magdalena Aldama y San Pedro Chenalhó, que tiene que ver con la reparación de daños, justicia y combate a la impunidad.

El presidente de Bienes Comunales de Chenalhó, Efraín Álvarez, confirmó el deceso cuando era trasladado a San Cristóbal de Las Casas, de Javier Jiménez Santiz, de 45 años de edad, por proyectil de arma de fuego, mientras que el grupo al que pertenecía la víctima pretendían ingresar a las comunidades Tabaco y Cocó de Aldama para cobrar venganza.





Las comunidades tienen una estrecha vecindad, las fiestas patronales eran motivo de visita mutua, Santa María Magdalena cambió de nombre a Aldama con la remunicipalización de 1999, en 1974 decidieron recuperar sus territorios, en esos años la secretaría de la Reforma Agraria (SRA) realizó trabajos para la confirmación y titulación de los bienes comunales.

Santa Marta obtuvo reconocimiento y titulación de bienes comunales en agosto de 1975, con el nombre de “Manuel Utrilla”, los límites fueron impugnados por Santa María Magdalena, que adujo que una parte de sus territorios habían sido otorgadas a Santa Marta.

La remunicipalización de 1999 impulsada por el gobierno de Roberto Armando Albores Guillén y llevada a cabo por Noé Castañón León, en ese momento presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Comisión de Remunicipalización, pretendía restar fuerza al EZLN con el nuevo municipio Aldama con cabecera en Santa María Magdalena.





En el 2000 Santa Marta a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) obtuvo plano definitivo quedando los terrenos en disputa en su territorio, en 2008 Santa Martha demandó ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) que otorgó a Aldama las 60 hectáreas y se ordenó a Santa Martha la indemnización de un millón 300 mil pesos, decisión que no aceptó.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas afirma que, a 18 días de la ratificación de los acuerdos de paz, el destacamento de la policía estatal se retiró de la zona, el Estado mexicano no ha sido capaz de proteger a la población de los ataques armados.

Plantea investigar la omisión institucional, detener, sancionar, desarticular y desarmar a los grupos armados que ponen en riesgo a las comunidades tsotsiles de Aldama y Chenalhó.


No obstante la firma de pacto de no agresión en el 2019 y ratificado en este 2020, indígenas de San Pedro Chenalhó y Magdalena Aldama, siguen enfrentados con armas de fuego por la disputa de 60 hectáreas de tierras desde hace 45 años, dejando una estela de dolor, miedo, desplazamientos, decesos y heridos.

Durante el pasado martes las agresiones entre grupos confrontados ocurrieron en las comunidades de Cocó, Chivit, Yetón, San Pedro Cotzilnan, Tabak, Xuxchen y cabecera municipal de Magdalena Aldama. El viernes y sábado iniciaron las agresiones en San Pedro Cotzilnan y Yetón. El domingo se reportaron ataques en Ch’ivid, Yetón y Tselejpotobti.



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En la región el pasado 1 de agosto subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que el compromiso es atender el conflicto agrario en los municipios de Magdalena Aldama y San Pedro Chenalhó, que tiene que ver con la reparación de daños, justicia y combate a la impunidad.

El presidente de Bienes Comunales de Chenalhó, Efraín Álvarez, confirmó el deceso cuando era trasladado a San Cristóbal de Las Casas, de Javier Jiménez Santiz, de 45 años de edad, por proyectil de arma de fuego, mientras que el grupo al que pertenecía la víctima pretendían ingresar a las comunidades Tabaco y Cocó de Aldama para cobrar venganza.





Las comunidades tienen una estrecha vecindad, las fiestas patronales eran motivo de visita mutua, Santa María Magdalena cambió de nombre a Aldama con la remunicipalización de 1999, en 1974 decidieron recuperar sus territorios, en esos años la secretaría de la Reforma Agraria (SRA) realizó trabajos para la confirmación y titulación de los bienes comunales.

Santa Marta obtuvo reconocimiento y titulación de bienes comunales en agosto de 1975, con el nombre de “Manuel Utrilla”, los límites fueron impugnados por Santa María Magdalena, que adujo que una parte de sus territorios habían sido otorgadas a Santa Marta.

La remunicipalización de 1999 impulsada por el gobierno de Roberto Armando Albores Guillén y llevada a cabo por Noé Castañón León, en ese momento presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Comisión de Remunicipalización, pretendía restar fuerza al EZLN con el nuevo municipio Aldama con cabecera en Santa María Magdalena.





En el 2000 Santa Marta a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) obtuvo plano definitivo quedando los terrenos en disputa en su territorio, en 2008 Santa Martha demandó ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) que otorgó a Aldama las 60 hectáreas y se ordenó a Santa Martha la indemnización de un millón 300 mil pesos, decisión que no aceptó.

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