Piden el desarme de los grupos armados en Chilón y Sitalá

San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes del Gobierno Comunitario exigieron el “desarme de grupos civiles responsables de desplazamientos forzados de comunidades tseltales en Chilón”, además del retorno con seguridad y ayuda humanitaria para las familias que huyeron por amenazas a su vida.

En conferencia de prensa, en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba), Anita Pérez Hernández, Concejal del gobierno comunitario urgió al Estado mexicano implementar medidas que garanticen la vida, seguridad e integridad de mujeres, niñas, niños y hombres en riesgo que sobreviven en condiciones de vulnerabilidad sin ayuda humanitaria.

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“En el transcurso de los meses la inseguridad ha crecido para los miembros del gobierno comunitario, es por ello que el día de hoy manifestamos nuestra inconformidad y no agresiones, como el caso del desplazamiento de 190 personas a causa de un grupo armado. Denunciamos el desplazamiento de 125 personas de San José, efectuado el 7 de julio de 2018 por el grupo Pechton Icotsilh’ que meses antes habían sido hostigados y pagado para no ser agredidos”, narró.

Acompañado de Bersaín Mejía Gómez, Ricardo Guzmán Girón y Victorio Gálvez, representantes de desplazados, y concejales de Chilón y Sitala, lamentó que “grupos civiles armados provocan terror en la población y desplazan de manera forzada a comunidades de pueblos tseltales con la complicidad, tolerancia, aquiescencia y omisión de las autoridades gubernamentales en la entidad”.

Pedimos aplicar los Principios Rectores de los Desplazamiento Forzados de la ONU

Anita Pérez

Pidió investigar imparcial y eficientemente los hechos que derivaron en el desplazamiento forzado, de 190 personas de las comunidades Carmen San José y San Antonio Patbaxil, así como evitar el desplazamiento forzado de las comunidades Juan Sabines Verapaz, Tzubute’el Santa Rosa, en Chilón, y Santa Cruz, en Sitalá.

Urgió a las instancias de justicia como la fiscalía del estado, una solución urgente, ya que el 10 de diciembre que ingresaron a tomarle fotografías a sus viviendas, el grupo armado les disparó y a pesar de haber acudido al ministerio público, “nada han hecho y nos dicen que se hará la investigación, nos citaron y no nos atendieron”.

/AP