San Cristóbal de Las Casas.- El colectivo “Esperanza” de liberados del Caso Acteal y la Staach AC que presiden Javier Gutiérrez Pérez y Manuel Anzaldo Meneses respectivamente interpondrán en acción inmediata posterior, contra la Secretaría de Gobierno ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la reiterada violación a sus derechos, en particular a la justicia, a la reparación de los daños causados por la autoridad y a su identidad indígena la cual pretenden destruir, de gobiernos pasados sabinistas, no el actual.
“El gobierno de Sabines y bajo la conducción de Noé Castañón, obligaron a los compañeros que primero salieron a firmar un convenio ilegal, aceptar 5 hectáreas y una casa de material fuera de nuestra comunidades y comprometernos a no regresar a ellas”, citan en un comunicado.
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Explican que a pesar de ser inocentes y demostrarlo, en múltiples ocasiones fueron sentenciados a más de 35 años como responsables de la Masacre de Acteal, en base a acusaciones y pruebas falsas y fabricadas “algunas por las propias autoridades de la época”.
“Después de 15 años de lucha logramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomara el caso y en 2009 sentó el precedente que logró, en su aplicación, la justicia para nosotros y para muchos compañeros indígenas y algunos criminales, salimos libres por faltas al debido proceso”, suscriben.
Lamentan que solamente a algunos de sus compañeros le cumplieron a quienes les compraron tierra en medio de comunidades mestizas de donde son excluidos, “marginados y humillados, perdiendo nuestra identidad cultural y familiar; y a otros nos han tenido 10 años esperando”.
“Ahora, desde enero de este año, les dijimos que no reconocemos ese convenio, el cual nosotros no firmamos, que no queremos irnos de nuestras comunidades y que pedimos esos apoyos que sabemos que tienen en efectivo y que realmente nos reparen los daños causados, suponemos que como en el pasado, quieren una comisión de los vendedores de terrenos y de los contratistas pero también sabemos que hay una 4T y por eso acudiremos a la CNDH, y a la presidencia de la República para encontrar justicia, para nosotros, como ciudadanos y también como indígenas” finalizan.
Asimismo, dijo que en total fueron 95 liberados que fueron divididos en cuatro grupos para la reparación del daño, dos grupos fueron atendidos, pero los enviaron a predios ubicados en Villaflores y Acalá, “en medio de poblaciones mestizas donde han tenido problemas, y prácticamente han dejado a un lado su cultura indígena”.
“A 35 más no nos han cumplido con nada, no firmamos un convenio pero sí nos han prohibido vivir en nuestras comunidades, y no queremos que nos obliguen a vivir fuera de nuestras tierras y de nuestras costumbres indígenas”, concluyó.
