Por medio del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas se dio a conocer que tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han lanzado un serio llamado de atención sobre el creciente riesgo que enfrentan defensores del territorio y de los derechos humanos en Chiapas. Mary Lawlor, Morris Tidball-Binz y José Francisco Cali Tzay, expertos en derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y derechos de los pueblos indígenas, respectivamente, expresaron su preocupación y exigieron al gobierno mexicano que aclare las medidas que está tomando para proteger a estas personas.
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La advertencia surge tras una reunión que los relatores mantuvieron con defensores de derechos humanos en Chiapas, quienes narraron los constantes ataques y hostigamientos que sufren. Entre los casos más preocupantes se encuentran los del Padre Marcelo Pérez Pérez, Pascuala López López, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). También mencionaron la situación crítica de los pobladores de Chicomuselo, quienes han sido blanco de amenazas por su oposición a la explotación minera en su territorio.
Los defensores relataron cómo, por su activismo, han sido objeto de criminalización, difamación, hostigamiento judicial, vigilancia constante y, en los casos más graves, amenazas de muerte y agresiones físicas. Estas acciones no solo ponen en peligro sus vidas, sino que también buscan silenciar sus esfuerzos por defender los derechos de sus comunidades y proteger sus tierras.
Ante este panorama, los relatores de la ONU han pedido al gobierno mexicano que actúe de manera urgente y efectiva. Señalaron que, en un país donde defender los derechos humanos puede costar la vida, solo en 2023, 30 defensores fueron asesinados en México; es fundamental que las autoridades no solo se abstengan de violar estos derechos, sino que también garanticen la seguridad de quienes los defienden.
El caso del asesinato de Simón Pedro Pérez López, miembro de Las Abejas, ocurrido en julio de 2021, y la masacre de Acteal en 1997, siguen siendo símbolos de la impunidad que prevalece en la región. Los relatores subrayaron la necesidad de que estos crímenes sean investigados a fondo y de que se adopten medidas concretas para evitar que tales tragedias se repitan.
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