Esta situación del encierro por la pandemia del Covid-19 provocó que la violencia doméstica incrementará “primero porque en muchos casos la mujer quedó indefensa con el agresor en su casa, con muy pocas posibilidades de de pedir ayuda, incrementaron las demandas y denuncias durante estos meses que ha durado el confinamiento”, afirmó en entrevista María Enriqueta Burelo Melgar, integrante de la RED Chiapas por la Paridad Efectiva.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la activista, precisó “con el inicio del proceso electoral, el tema es la violencia política hacia las mujeres por razones de género, a medida que las mujeres estemos asumiendo más cargos de elección popular, en medida de que se ha cumplido más la paridad, ha aumentado también, desafortunadamente, la violencia política”.
Explico que la violencia también ha aumentado desde los partidos políticos “porque por ejemplo en la selección de candidatas dentro de los partidos, desde ahí empieza la violencia muchas veces, son agredidas dentro de los propios partidos, estamos viendo que los dirigentes la mayoría son hombres, las mujeres deben empoderarse más dentro de los partidos políticos”.
Al referirse a los medios señaló “luego en el propio proceso electoral muchas veces hasta los periodistas cometen violencia política hacia las candidatas, en vez de publicar que la candidata no reúne los requisitos, que no cumple con los niveles de militancia; le publican cuestiones personales íntimas, muchas veces hasta fotos de su intimidad, violentan su intimidad, cuando a los hombres no les hacen eso, pero sí a las mujeres, hay una violencia medíatica en las redes sociales contra las mujeres en este sentido, va ser un año difícil para las mujeres y más para las que quieren ser candidatas”.
En cuanto el tema y estadística sobre la incidencia de la violencia doméstica, son los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas, que son de los más poblados del estado y que tienen declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), muestran tasas superiores a la estatal y en algunos casos nacional, en delitos que tienen una carga de género, es decir, que se cometen de manera diferenciada en contra de mujeres y hombres, esto de acuerdo al Reporte de Incidencia Delictiva del tercer trimestre de este año presentado por el Observatorio Ciudadano Chiapas (OCCh).
En un pronunciamiento conformado por la Asociación Civil Ligalab y el Observatorio Ciudadano Nacional (OCN), en la entidad se abrieron 124 carpetas de investigación de julio a septiembre 2020 por el delito de violación sexual, es decir, un promedio de 9.4 carpetas de investigación a la semana.
El delito de violencia familiar registró en promedio 88 carpetas de investigación a la semana. En este tercer trimestre se reportó una tasa de 20.47 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes. Continúa siendo el delito más reportado en Chiapas.
Sin embargo, en San Cristóbal, la tasa por violación sexual es superior a la tasa nacional. El delito de trata de personas registró una tasa municipal (0.45 CI) superior a la estatal y nacional en el periodo analizado.
En Tapachula pasa algo similar el delito de violación sexual reporta una tasa mayor que la tasa nacional. La tasa municipal por violencia familiar también es más alta que la nacional. Este último delito mencionado, además, registró un aumento en su tasa durante el periodo julio-septiembre 2020, en comparación con el mismo periodo doce meses antes.
En Tuxtla Gutiérrez en comparación con el mismo periodo doce meses antes, el delito de feminicidio en esta localidad presentó un aumento en la tasa por cada 100 mil habitantes durante el periodo julio-septiembre 2020.
El análisis de estos datos refleja la necesidad que existe de que se implementen políticas públicas con perspectiva de género en materia de seguridad en estos municipios.
En este contexto es lamentable que desaparezca el Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG) del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2021.
A partir de esta decisión, tomada por el Poder Legislativo a partir de lo propuesto por el gobierno federal, se debilita a las instituciones locales de seguridad, a las cuales les corresponde atender principalmente los delitos del fuero común que corresponden al 90 por ciento de los ilícitos que se cometen en el país.
Y es que anular el FORTASEG elimina la posibilidad de que las instituciones de seguridad pública municipales continúen fortaleciéndose para mejorar su desempeño en la prevención de la violencia y la delincuencia; para renovar las condiciones de dignidad de las policías; así como para capacitar en materia de derechos humanos e igualdad de género.
