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La representación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chiapas y el Consejo Coordinador Empresarial de la entidad (CCE) demandó al gobierno federal modificar la política de ingreso de extranjeros en la frontera sur, pues la vida económica, política y social no sólo del estado sino de toda la región está en juego.
Por medio de un comunicado, la Coparmex aseguró que no hay capacidad para absorber la mano de obra proveniente de Centroamérica que está internándose en Chiapas, debido a que la entidad está en una recesión económica que parece no tiene fin. Por ello, opinó por separado el CCE, el otorgamiento de visas de trabajo “no resuelve nada” y sí genera “expectativa de que se queden acá”, sin importar que algunos sectores atribuyan la “caída del comercio y las ventas” de los últimos meses en el Soconusco a la presencia de contingentes de migrantes.
Además, en las rutas migratorias está presentándose “una violencia en franco ascenso (…) hay un aumento alarmante en los índices delictivos”, afirmó la Coparmex.
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Para el CCE, la inversión de los recursos públicos en el fomento a la creación de fuentes de empleo será más benéfica no sólo para la población local sino también para los foráneos, en comparación con la asignación de ese dinero para atender sólo asuntos humanitarios.
Ahora el gobierno de Estados Unidos amenaza con cerrar la frontera con México. Si eso sucede, los extranjeros en tránsito quedarán en el territorio nacional, que tiene una entidad en la que radican temporal o permanente hasta 30 por ciento de los migrantes que viajan a la Unión Americana: Chiapas.
La Coparmex solicitó a las autoridades federales no brindar visas humanitarias de manera masiva y sin previo estudio; permitir únicamente la entrada de foráneos que cumplan con todos los requisitos legales; impedir con ayuda de los órganos de inteligencia el ingreso de extranjeros que van con la intención de delinquir; y pedir la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, por sus siglas en inglés) para afrontar la situación.
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Por su parte, el CCE pidió implementar un programa de reactivación económica y/o más acciones para generar certidumbre y por ende captar inversión privada que satisfaga, en primera instancia, las necesidades de la población chiapaneca y después la de los migrantes. Para ese gremio el cierre de la frontera con Guatemala no es una solución viable pues hay “pocos puntos de control, y lo demás es una barrera natural que prácticamente no existe”. Sin embargo, aclaró, no por eso la migración debe ser un proceso desordenado.
“El gobierno mexicano debe garantizar los derechos de los migrantes como también los derechos de los mexicanos habitantes de la región”, puntualizó.
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