Preocúpense más por el transporte foráneo o que presta servicio de manera irregular que por aquel que actúa en el marco de la ley, dijo ayer el presidente de la Alianza del Autotransporte del Estado, Mario Bustamante Grajales, a propósito de las revisiones en carreteras con fines de control migratorio que durante los últimos días el gobierno federal extendió a autobuses y demás modalidades del transporte privado.
Refirió que las unidades “pirata” están “fuera de la ley y debió de haberse detenido desde hace rato”. Por ello, desde su percepción, esos operativos también deben servir para detectar al transporte que trabaja de manera irregular. “La transportación sin un permiso, sin una autorización legal habrá que detenerla”, suscribió.
LUPA A EMPRESAS FORÁNEAS
El dirigente informó que en Chiapas las empresas que tienden más al traslado de migrantes son las que tienen su domicilio en otra entidad y brindan el servicio de transportación turística. De manera oficial hasta el momento no tienen conocimiento que permisionarios y/o concesionarios que residan en el estado estén involucrados en esa situación.
“Son redes, grupos que en esto han encontrado un negocio, la manera de (obtener) dinero fácil. Pero bueno también hay que poner orden en esto, porque no se vale que quieran tasar a todos de la misma manera. El que esté fuera de ley habrá que alinearlo, sea servidor público o de la iniciativa privada, porque en muchos casos hubo colusión, arreglos, acuerdos y tenemos que romperlo (…) Los transportistas en Chiapas estamos trabajando en lo que la ley permite. Si alguno se sale de eso pagará las consecuencias”, afirmó.
Mientras tanto, anunció que los miembros de la organización respaldarán la disposición de las autoridades de la administración pública federal de solicitar identificación a la gente que aborde autobuses y otros tipos de transporte privado.
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