Durante este año se han citado a comparecer a más de mil 700 servidores públicos, ex servidores públicos, contratistas y prestadores de servicios, se han presentado aproximadamente 30 denuncias penales por hechos que la ley señala como delitos, informó el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASA), José Uriel Estrada Martínez.
Se han realizado más de cien cursos de capacitación presenciales y a distancia, beneficiando a dos mil 500 servidores públicos estatales y municipales, se ha brindado puntual atención a más de 500 denuncias ciudadanas por presuntos actos de corrupción.
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En virtud de que los sistemas nacional y estatal anticorrupción asumen colaboración, Chiapas estableció coordinación con la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, quienes han brindado su respaldo para fortalecer la rendición cuentas.
Desde el inicio de actual administración la ASE replanteó sus objetivos estratégicos priorizando el combate a la corrupción a partir de una modernización de sus procesos de fiscalización, adecuando su marco normativo para generar mayor eficacia en los procedimientos de rendición de cuentas.
La corrupción transgrede los principios éticos, deslegitima a las instituciones, afecta a la gobernabilidad y fomenta la impunidad, por ello, para estar en armonía las políticas públicas estatales con las federales, la Auditoría Superior del Estado reorienta su actuar hacia el combate a la corrupción.
En ese sentido, se investiga la inconformidad generada al interior del Colegio de Bachilleres de Chiapas y el compromiso es hacer público los resultados de esa auditoria, no es un asunto olvidado, el trabajo tiene como finalidad fortalecer la fiscalización y la transparencia en el ejercicio del gasto público.
Dijo que los resultados de las elecciones del 1 de julio del 2018 son una exigencia de la sociedad en México y en particular en el estado, de no seguir tolerando abusos y apostó a la transformación de la vida nacional, para lo cual, el principal eje transversal de la política pública es erradicar la corrupción y mejora de la gestión pública.
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