Tuxtla Gutiérrez.- La LXVII Legislatura del Congreso del Estado, turnó a comisiones para su estudio y dictamen, el punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados, reforme el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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El ministerio público podrá solicitar al juez prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado por delito doloso; el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en caso de abigeato.
El proyecto planteado por el diputado Ricardo Zepeda Gutiérrez, señala que el robo de ganado genera pérdidas millonarias para los productores agropecuarios y debido al éxito de los delincuentes se ha vuelto una práctica común en diversas regiones del estado, que va desde los robos solitarios hasta las prácticas cotidianas y por lo consiguiente, representa una problemática que atenta contra el patrimonio de los ganaderos y de la economía del estado.
Chiapas dedica una extensión de 2.8 millones de hectáreas a la producción pecuaria con 73 mil unidades de producción, hato de 2.6 millones de cabezas que genera 120 mil toneladas anuales de carne de bovino y 423.6 millones de litros de leche con valor de seis mil 800 millones de pesos, que debe protegerse ante el delito de abigeato.
La ganadería es una de las actividades productivas que representa la segunda derrama económica de la entidad, ocupa el cuarto lugar nacional en producción de carne bovina y el tercer lugar nacional en calidad de ganado, de ahí la importancia de cuidar el patrimonio ganadero con acciones que permitan prevenir y reducir la incidencia delictiva.
A la vez, se fortalece la Fiscalía de Abigeato, con sedes en Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Villaflores, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Pichucalco y Palenque, para atender a las regiones “más golpeadas” por este delito, donde se demandan acciones contundentes y eficientes para disminuir el índice delictivo.
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