El Partido Revolucionario Institucional (PRI) prepara la acción de inconstitucionalidad que presentará a más tardar el 29 de julio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para tratar de revertir cuatro elementos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas, aprobada por el Congreso del Estado el 26 de junio pasado, que vulneran la legalidad y el sistema electoral.
El representante del PRI ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, José Alberto Gordillo Flecha, explicó que se impugnará la violación a la autonomía del Órgano Público Local Electoral, que suprime dos de las cinco direcciones ejecutivas, Organización Electoral y Educación Cívica y Capacitación.
A la vez, crea el Congreso del Estado un Comité de Administración dentro del órgano electoral, nombrado por el propio poder legislativo local a pesar de la existencia de la Contraloría Electoral, diseñado para judicializar todas sus decisiones, atentando con la autonomía y la independencia del Órgano Público Local Electoral.
Asimismo, abundó, se combatirá la exigencia de separase del cargo 120 días antes de la jornada electoral, para servidores públicos de elección, a la vez, la negación del derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, que trastoca las leyes nacionales y tratados internacionales.
Gordillo Flecha expuso en entrevista que uno elemento de gravedad incluido en la reforma electoral efectuada por mayoría de la LXVII Legislatura es el hecho de eliminar las prerrogativas de los partidos políticos en caso de que se declare en algún momento en Chiapas, una zona de desastre en uno o varios municipios.
Actualmente los diez partidos políticos tienen acceso a un financiamiento público para la realización de tareas ordinarias de julio a septiembre por 34 millones 616 mil 620 pesos con 68 centavos y de octubre a diciembre 50 millones 003 mil 808 pesos con 75 centavos, lo que suma para lo que resta del año, 84 millones 620 mil 429 pesos con 43 centavos, ello, del global de los 153 millones 853 mil 670 pesos con 79 centavos, de todo el año.
Apuntó que no se trata de un acto de mezquindad el combatir las reformas electorales recientes, sino un acto de justicia, de orden y de Estado de Derecho, las prerrogativas no los determina el Congreso del Estado, son mandatos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
A su juicio, las recientes reformas electorales tratan de entorpecer y distraer totalmente de las funciones esenciales al IEPC, se agrede al sistema electoral y se pone en riesgo la preparación y organización de los procesos electorales, en este caso, el más inmediato del 2021 que comenzará en enero.
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