/ lunes 15 de junio de 2020

Protesta diputado exclusión de pueblos indígenas en reforma Constitucional

Una de las evidencias claras del engaño a los indígenas es que el evento del IEPC fue en San Cristóbal de Las Casas, no en Chamula, Chenalhó, Chalchihuitán, Pantelhó, Chanal, Aldama, Zinacantán, Tenejapa, Oxchuc, Mitontic u otros de los 40 municipios con mayor población indígena



El pasado viernes el Congreso del Estado reformó por mayoría los artículos 7, 18, 22, 30, 31, 32, 34, 38, 51, 73, 80, 94, 98, 100 y 101, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, sin embargo, el diputado indígena de Chamula, Mario Sántiz Gómez, protesta la exclusión de la que han sido víctimas los 12 grupos indígenas presentes en 88 municipios con más de 40 variantes dialectales, por no efectuarse una consulta como lo mandata el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para atender tener inherentes a los pueblos originarios.

El legislador expone que tampoco él en su calidad de representante de uno de los grupos lingüísticos mayoritarios en el estado, tsotsil con más de 350 mil hablantes, fue tomando en cuenta para el análisis de la propuesta de reforma, ni en foros, ni debates, tampoco en consulta como era la obligación del Congreso del Estado al ser un tema fundamental para la gobernabilidad, la paz y la justicia para un millón 300 mil indígenas aproximadamente.



Puedes leer: Exigen derechos políticos electorales para las mujeres y castigo a los agresores



Según Mario Sántiz, el 15 de noviembre del 2019 el consejo general del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aprobó acuerdo IEPC/CGA/036/2019, por el que emitió convocatoria a los pueblos y comunidades indígenas a participar en los foros de consulta y elaboración de la propuesta de reglamento para atender solicitudes de consulta indígena en materia electoral.

Eventos que se realizaron en Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas, “mañosamente” y fueron tomados en cuenta para plantear reforma a la Constitución local, pero a su juicio, no estuvieron los que debieron participar, ni se dijo lo que se debía abordar porque no estuvieron los actores principales al tratarse de un evento realizado solamente para cumplir un requisito, no para plantear soluciones de fondo a los problemas que enfrentan doce grupos indígenas.

Sántiz Gómez sostiene que, de ser aprobado el dictamen por la mayoría de los 124 ayuntamientos, la reforma a la Constitución local será inconstitucional, y podría caer por falta de legalidad en el proceso seguido para recibir las propuestas de los indígenas y plantear un proyecto incluyente, si bien se concede la libre determinación para la elección de autoridades en municipios indígenas, eso no es todo, hay muchos temas pendientes.






Una de las evidencias claras del engaño a los indígenas es que el evento del IEPC fue en San Cristóbal de Las Casas, no en Chamula, Chenalhó, Chalchihuitán, Pantelhó, Chanal, Aldama, Zinacantán, Tenejapa, Oxchuc, Mitontic u otros de los 40 municipios con mayor población indígena, por lo que a la reforma le falta el peso de los indígenas y por lo tanto, no cumplirá con su función, siguen los grandes pendientes en materia de justicia social.

El proyecto de reforma en materia indígena en Chiapas, donde el 1 de enero de 1994 un grupo armado alzó la voz en el mundo ante las injusticias, debió incluir a los destinatarios de la reforma mediante una amplia consulta, libre, previa e informada y dirigida a los pueblos indígenas, no en una ciudad a modo, si no en los lugares donde urge la solución de conflictos y restablecer la paz y la justicia, apuntó.

/TG



El pasado viernes el Congreso del Estado reformó por mayoría los artículos 7, 18, 22, 30, 31, 32, 34, 38, 51, 73, 80, 94, 98, 100 y 101, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, sin embargo, el diputado indígena de Chamula, Mario Sántiz Gómez, protesta la exclusión de la que han sido víctimas los 12 grupos indígenas presentes en 88 municipios con más de 40 variantes dialectales, por no efectuarse una consulta como lo mandata el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para atender tener inherentes a los pueblos originarios.

El legislador expone que tampoco él en su calidad de representante de uno de los grupos lingüísticos mayoritarios en el estado, tsotsil con más de 350 mil hablantes, fue tomando en cuenta para el análisis de la propuesta de reforma, ni en foros, ni debates, tampoco en consulta como era la obligación del Congreso del Estado al ser un tema fundamental para la gobernabilidad, la paz y la justicia para un millón 300 mil indígenas aproximadamente.



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Según Mario Sántiz, el 15 de noviembre del 2019 el consejo general del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aprobó acuerdo IEPC/CGA/036/2019, por el que emitió convocatoria a los pueblos y comunidades indígenas a participar en los foros de consulta y elaboración de la propuesta de reglamento para atender solicitudes de consulta indígena en materia electoral.

Eventos que se realizaron en Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas, “mañosamente” y fueron tomados en cuenta para plantear reforma a la Constitución local, pero a su juicio, no estuvieron los que debieron participar, ni se dijo lo que se debía abordar porque no estuvieron los actores principales al tratarse de un evento realizado solamente para cumplir un requisito, no para plantear soluciones de fondo a los problemas que enfrentan doce grupos indígenas.

Sántiz Gómez sostiene que, de ser aprobado el dictamen por la mayoría de los 124 ayuntamientos, la reforma a la Constitución local será inconstitucional, y podría caer por falta de legalidad en el proceso seguido para recibir las propuestas de los indígenas y plantear un proyecto incluyente, si bien se concede la libre determinación para la elección de autoridades en municipios indígenas, eso no es todo, hay muchos temas pendientes.






Una de las evidencias claras del engaño a los indígenas es que el evento del IEPC fue en San Cristóbal de Las Casas, no en Chamula, Chenalhó, Chalchihuitán, Pantelhó, Chanal, Aldama, Zinacantán, Tenejapa, Oxchuc, Mitontic u otros de los 40 municipios con mayor población indígena, por lo que a la reforma le falta el peso de los indígenas y por lo tanto, no cumplirá con su función, siguen los grandes pendientes en materia de justicia social.

El proyecto de reforma en materia indígena en Chiapas, donde el 1 de enero de 1994 un grupo armado alzó la voz en el mundo ante las injusticias, debió incluir a los destinatarios de la reforma mediante una amplia consulta, libre, previa e informada y dirigida a los pueblos indígenas, no en una ciudad a modo, si no en los lugares donde urge la solución de conflictos y restablecer la paz y la justicia, apuntó.

/TG

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