El personal de los Tribunales Colegiados del XX Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez llevó a cabo una protesta frente al Congreso del Estado de Chiapas el miércoles 4 de septiembre. La manifestación tuvo lugar en la primera sur, entre la calle Central y la Primera Oriente, en el centro de la ciudad.
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Los manifestantes se opusieron a la propuesta de modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Rosa Deli Domínguez Serrano, secretaria adscrita al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, expresó que la reforma judicial aprobada por la Cámara de Diputados representa un ataque a la independencia y autonomía judicial, y que afectará negativamente la justicia impartida por los órganos jurisdiccionales.
En entrevista, Domínguez Serrano advirtió que la reforma permitiría la elección de jueces, magistrados y ministros por votación, pero consideró que esto es un engaño, ya que el poder político seguirá controlando las elecciones a través de sus propuestas, haciendo que la población elija entre opciones previamente determinadas por los políticos.
Carolina López, otra manifestante, expresó su preocupación por el futuro de los derechos laborales, señalando que los trabajadores se sienten en incertidumbre sobre el impacto de la reforma en sus derechos y condiciones laborales.
Anais López Maya, trabajadora de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Circuito, indicó que la base trabajadora se encuentra en un estado de indefensión y que la protesta no solo defiende sus derechos, sino también el futuro de México. Destacó la preocupación por el impacto de la reforma en la democracia y el bienestar de las futuras generaciones.
La Barra Chiapaneca de Abogados puntualizó que la propuesta gubernamental incluye la reducción del número de ministros de la SCJN de 11 a 9, la disminución del período de encargo de 15 a 12 años, y la eliminación de las dos salas de la Corte, que solo sesionará en pleno y de manera pública. También se elimina la pensión vitalicia para ministros y ministras actuales y futuros, y sus remuneraciones se ajustarán al tope máximo establecido para el presidente.
La iniciativa también establece que los ministros, magistrados del tribunal electoral y del tribunal de disciplina serán elegidos a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres poderes de la Unión. Los 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales a partir de seis candidaturas paritarias por cargo.
Además, la propuesta prevé la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por cinco magistrados a nivel nacional, con un período de seis años y con la facultad de recibir denuncias e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial.
La iniciativa también prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, y establece plazos específicos para la resolución de asuntos fiscales y penales. Los poderes judiciales de los estados deberán establecer reglas para la elección de sus magistrados y jueces, y los juicios pendientes deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores.
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