/ martes 30 de julio de 2019

Quitarán bienes a corruptos

La nueva ley nacional, que reglamenta el Artículo 22 de la Constitución Política, propone que el Estado enajene los bienes de personas corruptas y delincuentes que están siendo procesados ante la ley, para poder disponer de estos recursos ilícitos, ya sea vendiéndolos o utilizándolos para obtener recursos que sirvan al país

Todo patrimonio producto de corruptelas será susceptible a la aplicación de la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, anunció el secretario de la Comisión de Transparencia y Corrupción de la Cámara de Diputados federal, José Luis Montalvo Luna.

Dijo que la normatividad aprobada por la cámara baja la semana pasada establece que el Estado podrá arrebatar todo activo de origen dudoso relacionado con investigaciones derivadas por hechos de corrupción, encubrimiento, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos contra la salud, los cometidos por servidores públicos y en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.



La acción será ejercida por medio del Ministerio Público vía un procedimiento jurisdiccional civil y autónomo del penal. Será válida “aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal, siempre y cuando existan fundamentos sólidos y razonables que permitan inferir la existencia de bienes cuyo origen o destino se marcan en las circunstancias previstas en la ley”, afirmó.

Para el diputado federal del Partido del Trabajo por el Estado de México, el nuevo ordenamiento orillará a las autoridades a conducirse con honestidad y rectitud. Asimismo, motivara aún más a la ciudadanía a vigilar la labor de los servidores públicos. A la postre, esa regulación será la punta de lanza desde el punto de vista legal para combatir la corrupción.

Todo patrimonio producto de corruptelas será susceptible a la aplicación de la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, anunció el secretario de la Comisión de Transparencia y Corrupción de la Cámara de Diputados federal, José Luis Montalvo Luna.

Dijo que la normatividad aprobada por la cámara baja la semana pasada establece que el Estado podrá arrebatar todo activo de origen dudoso relacionado con investigaciones derivadas por hechos de corrupción, encubrimiento, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos contra la salud, los cometidos por servidores públicos y en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.



La acción será ejercida por medio del Ministerio Público vía un procedimiento jurisdiccional civil y autónomo del penal. Será válida “aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal, siempre y cuando existan fundamentos sólidos y razonables que permitan inferir la existencia de bienes cuyo origen o destino se marcan en las circunstancias previstas en la ley”, afirmó.

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