El diálogo entre la federación, el gobierno de Chiapas y la dirigencia de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no debería suspender las demandas penales e investigaciones en contra del secretario general, Pedro Gómez Bámaca, por varios supuestos ilícitos en los que habría incurrido, afirmó Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo.
La presidenta del Congreso del estado expuso que los pasos a seguir deben ser puntuales para establecer un orden que tiene como prioridad el combate a la corrupción e impunidad, “las acciones del Secretario general de la Sección 7 del SNTE, Pedro Gómez Bámaca, no han sido nada buenas, ni positivas para el beneficio de los niños y de la educación”.
Creo, como ciudadana, como madre de familia y como legisladora, que lo primero que deseamos todos es que se garantice a la infancia el servicio a la formación y que la aplicación de la ley no debe condicionarse; las denuncias presentadas contra el dirigente sindical –independientemente de la comunicación–, deben llegar hasta las últimas consecuencias, no puede haber impunidad, los reclamos se tienen que aclarar y ordenar, enfatizó.
Calificó a la mesa de diálogo, encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, de gran relevancia por la urgencia de establecer un orden y garantizar el Estado de derecho en el sector educativo y por la urgencia de garantizar una educación de calidad, sin embargo, ésta no puede estar en unas cuantas manos.
Existe inconformidad entre la base trabajadora porque falten atenciones a sus peticiones y reclamos no atendidos; aunque, en realidad se tiene que pensar siempre en que el beneficio de la educación que tiene que ser para los niños, adolescentes y jóvenes, sus pretensiones tienen que sustentarse, enfatizó Bonilla Hidalgo.
Los educandos no pueden sufrir ningún estrago por suspensión, por movilizaciones o por otros intereses, todos los actores de la educación tienen que asumir su responsabilidad en su justa dimensión, nadie tiene facultad de atentar contra los derechos de la infancia, los programas educativos, como la cadena de cambios tienen que ser muy transparentes, dijo.
Algo tan simple y tan sencillo, todos los profesionistas tienen que evaluarse en el desempeño de sus responsabilidades, más aún cuando se trata del aprendizaje y, sobre todo, en un mundo tan cambiante en materia de tecnología e innovación, puntualizó.
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