En el marco de los 105 años de la promulgación de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos de 1917, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y la Asamblea Estatal democrática de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación (SNTE), se pronuncian en contra de la reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación que criminaliza, judicializa, inhibe y anula el derecho a la protesta popular como derecho humano, da paso a la represión masiva y el cometido de graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo trabajador organizado y no organizado.
En la entrada principal del Congreso del Estado en el centro de Tuxtla Gutiérrez, Armando Falconi Borraz, uno de los dirigentes de la Asamblea Democrática de la sección 40 del SNTE, dijo que esta reforma prohíbe y conduce a anular el derecho humano a la protesta al que el pueblo trabajador recurre ante la violación sistemática de otros derechos humanos fundamentales en los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales.
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Se trata, dijo, de una ley que transgrede los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos del que el Estado Mexicano es parte, esta medida es una política que abre paso a la represión masiva y selectiva contra el conjunto del movimiento popular en el país, es una ley que estipula el uso de la fuerza policiaca militar, en particular, la participación de la Guardia Nacional en la aplicación del Estado de Derecho burgués, es decir, la represión en todas sus formas, por ende, el aumento de las víctimas de la violencia perpetrada desde y por el Estado.
Indica que esta reforma ratifica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, protege los intereses del capital privado, garantiza los intereses económicos de empresarios nacionales y extranjeros quienes poseen la concesión en carreteras, autopistas y otras vías de comunicación que sirven primordialmente para el flujo de la mercancía; es un argumento falso y pueril decir que durante una protesta popular se le afecta a los intereses del pueblo trabajador si a este constantemente, es a quien el Estado Mexicano viola múltiples derechos humanos.
De acuerdo con Falconi Borraz, esta ley criminaliza y judicializa el descontento y protesta popular, el gobierno de López Obrador impone una medida autoritaria, amenaza con un castigo de una pena de tres a siete años, por ello, el llamado es a los organismos y defensores de los derechos humanos nacional e internacional, a las personalidades progresistas, honestas y solidarias, al conjunto del movimiento popular y al pueblo en general a observar, documentar y denunciar los actos violatorios que contravienen los marcos constitucionales en materia de derechos humanos.
Esta ley cobra sus primeras víctimas en Michoacán contra el magisterio, contra padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 2014 en Guerrero, en el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña se cometieron crímenes de lesa humanidad y con el gobierno actual ya se cometieron ejecuciones extrajudiciales, el pueblo está en su derecho de manifestar su protesta contra el régimen, insistió.
También denunció desabasto de medicamentos en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), por ello, no descartó que en los próximos días la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del SNTE pudiera realiza una serie de movilizaciones.
