/ viernes 4 de diciembre de 2020

Se amplían las expectativas para la reelección municipal en Chiapas

Se abre la posibilidad de que más servidores públicos municipales puedan buscar la reelección para los comicios del 6 de junio del 2021


Al invalidar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales creada en junio por el Congreso del Estado y dar vigencia al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se abre la posibilidad de que más servidores públicos municipales puedan buscar la reelección para los comicios del 6 de junio del 2021 sin tener que dejar el cargo que ostentan desde el 1 de octubre del 2018.

El representante del Movimiento de Regeneración Nacional ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Martín Darío Cázares Vázquez, abundó que además de esta posibilidad, también es posible que quienes aspiren a contender por los mismos cargos en los ayuntamientos puedan no cumplir con la entrega de la cuenta pública, otro elemento en contra de la democracia, de la legalidad y la transparencia.

Además, enfatizó, estaría a su servicio la estructura gubernamental municipal y se corre el riesgo de que las policías municipales puedan reprimir a sus adversarios, "esto es una grosería", el Código de Elecciones y Participación Ciudadana fue reformado en este sentido durante el gobierno de Manuel velasco Coello, que dio paso al abuso de poder, de autoridad y violencia.

De acuerdo con Cázares Vázquez el marco jurídico electoral que se ha reactivado en Chiapas por determinación de la SCJN ocasionó en los comicios del 1 de julio del 2018 la quema de edificios públicos de los órganos desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, la sustracción y quema de paquetería electoral y los responsables no fueron sujetos a investigación, ni proceso penal.

Lo que queda subsistente, enfatizó es que el proceso electoral 2020 iniciará el 10 de enero para la elección de miembros de los 123 ayuntamientos por partidos políticos y una por sistemas normativos internos, así como 40 fórmulas de diputaciones locales, también el que los 123 consejos municipales electorales y 24 consejos distritales electorales deberán instalarse hasta el mes de marzo.

Lo que a juicio del representante de Morena es una "grosería" es el financiamiento público ordinario y extraordinario para los 14 partidos políticos que contenderán el 6 de junio del año siguiente, que sería de acuerdo con el 65 por ciento de Unidad de Manejo y Actualización (UMA), y que debería ser menor en razón de la crisis económica y de la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19) que enfrenta la entidad.

Finalmente, Martín Darío Cázares refirió que con el marco jurídico que se aplicará a partir de ser notificados, se deja sin efecto las sanciones administrativas y los impedimentos a competir para los responsables de violencia política en razón de género, no se aplicarán medidas cautelares para la reparación del daño, en tanto que la representatividad indígena queda de lado, es decir, no hay obligación para postular candidatos y candidatas indígenas.

Por su parte, el representante del PAN ante el IEPC, Ruperto Hernández Pareyra, expuso que en justicia en razón y en derecho, tenemos que volver al Código de Elecciones y Participación Ciudadana que ha sido reactivado por el máximo órgano jurisdiccional.

A su vez, la consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Blanca Estela Parra Chávez, expuso durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Administración, es bien sabido la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no hemos sido notificados, se espera que primero sea el Congreso del estado y se siga con ello los pasos legales para su cumplimiento y a ello se sumó la consejera Sofía Marínez de Castro León y el consejero Guillermo Arturo Rojo Martínez.


Al invalidar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales creada en junio por el Congreso del Estado y dar vigencia al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se abre la posibilidad de que más servidores públicos municipales puedan buscar la reelección para los comicios del 6 de junio del 2021 sin tener que dejar el cargo que ostentan desde el 1 de octubre del 2018.

El representante del Movimiento de Regeneración Nacional ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Martín Darío Cázares Vázquez, abundó que además de esta posibilidad, también es posible que quienes aspiren a contender por los mismos cargos en los ayuntamientos puedan no cumplir con la entrega de la cuenta pública, otro elemento en contra de la democracia, de la legalidad y la transparencia.

Además, enfatizó, estaría a su servicio la estructura gubernamental municipal y se corre el riesgo de que las policías municipales puedan reprimir a sus adversarios, "esto es una grosería", el Código de Elecciones y Participación Ciudadana fue reformado en este sentido durante el gobierno de Manuel velasco Coello, que dio paso al abuso de poder, de autoridad y violencia.

De acuerdo con Cázares Vázquez el marco jurídico electoral que se ha reactivado en Chiapas por determinación de la SCJN ocasionó en los comicios del 1 de julio del 2018 la quema de edificios públicos de los órganos desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, la sustracción y quema de paquetería electoral y los responsables no fueron sujetos a investigación, ni proceso penal.

Lo que queda subsistente, enfatizó es que el proceso electoral 2020 iniciará el 10 de enero para la elección de miembros de los 123 ayuntamientos por partidos políticos y una por sistemas normativos internos, así como 40 fórmulas de diputaciones locales, también el que los 123 consejos municipales electorales y 24 consejos distritales electorales deberán instalarse hasta el mes de marzo.

Lo que a juicio del representante de Morena es una "grosería" es el financiamiento público ordinario y extraordinario para los 14 partidos políticos que contenderán el 6 de junio del año siguiente, que sería de acuerdo con el 65 por ciento de Unidad de Manejo y Actualización (UMA), y que debería ser menor en razón de la crisis económica y de la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19) que enfrenta la entidad.

Finalmente, Martín Darío Cázares refirió que con el marco jurídico que se aplicará a partir de ser notificados, se deja sin efecto las sanciones administrativas y los impedimentos a competir para los responsables de violencia política en razón de género, no se aplicarán medidas cautelares para la reparación del daño, en tanto que la representatividad indígena queda de lado, es decir, no hay obligación para postular candidatos y candidatas indígenas.

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