/ viernes 26 de julio de 2019

Se extingue el río Santo Domingo

Dicen que si se deja de extraer el material se podría tapar la presa Chicoasén; sin embargo, es necesario que se respeten los tiempos y las formas de la extracción, manifiestan habitantes de comunidades aledañas

La extracción desmedida de arena en el río Santo Domingo no sólo es un problema ambiental, pues también ha generado consecuencias para las comunidades aledañas como la pérdida de cultivos, afectaciones a la crianza de bovinos, a la salud, contaminación a los mantos freáticos, así como el drástico cambio climático.

Los habitantes informaron que el grave problema proviene desde los años 2008-2009 cuando los permisos comenzaron a proliferar por autorización de Rodolfo Tamayo Ruiz, quien en esos años se desempeñaba como encargado de despacho en la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chiapas.

Expusieron que los permisionarios obtendrían las autorizaciones mediante la gestión de despachos vinculados, por ello presumieron que algunos, si no es que la mayoría de los beneficiados, fueron trabajadores o prestanombres de Tamayo, es decir, que quien realmente se beneficiaría –en gran parte– con esta práctica sería el mismo funcionario federal.

En este sentido, los quejosos señalaron a Gabriel Escudero Ávila, Fernando Aguilar García, Rogelio Cruz Cruz y Víctor Manuel Flores Gómez como algunas de las personas que supuestamente fueron los beneficiados. “Estos gestores acaparan más del 90 por ciento de los permisos y concesiones para la explotación del afluente...”.



Asimismo, denunciaron que Rodolfo Tamayo actuó en contubernio con Gerardo Moguel de la Comisión Nacional del Agua, para autorizar y concesionar los trabajos en el afluente, principalmente a los despachos coludidos.

Asimismo, revelaron que quienes también han sido beneficiados con los permisos son los empresarios: Ceín Mendoza Moreno, con seis; Norma Rojas Espinoza, con cinco; Félix Aniceto Orantes Ruiz y varios familiares, con cinco; y Rolando Martínez Sánchez, con tres.

Ante ello, expresaron el temor que se vive en estas comunidades, pues el deterioro ambiental se percibe claramente, además de que se corren grandes riesgos de inundaciones en los poblados y ejidos cercanos, mismos que llevaron en varias ocasiones las denuncias hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y aún no tienen respuestas claras.

De acuerdo con los habitantes de algunas comunidades como El Amatal, Julián Grajales, América Libre, Salvador Urbina, Narciso Mendoza, Ignacio Allende, Nicolás Bravo, Galecio Narcía, entre otros, desde el 2014 han autorizado más de 100 proyectos de extracción.



Otras de las comunidades y riberas afectadas son: Cupasmí, La Unión, El Vergel y Cupía. Los lugareños no piden que se detenga esta actividad, sino que se respeten los tiempos de extracción, pues dijeron entender la importancia de dicha actividad.

Recordaron que en 1995 estos trabajos pudieron detenerse, debido a las grandes afectaciones detectadas por la Conagua, la Semarnat y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del estado.

“Gozamos del cumplimiento de este acuerdo por un tiempo de cinco años, el cual se rompió con la llegada de Pablo Salazar Mendiguchía al gobierno del estado; a partir de ese tiempo comenzó la extracción sin control”, concluyeron.


100 Permisos aproximadamente se han otorgado desde el 2014 para la extracción de material pétreo en el Río Santo Domingo

La extracción desmedida de arena en el río Santo Domingo no sólo es un problema ambiental, pues también ha generado consecuencias para las comunidades aledañas como la pérdida de cultivos, afectaciones a la crianza de bovinos, a la salud, contaminación a los mantos freáticos, así como el drástico cambio climático.

Los habitantes informaron que el grave problema proviene desde los años 2008-2009 cuando los permisos comenzaron a proliferar por autorización de Rodolfo Tamayo Ruiz, quien en esos años se desempeñaba como encargado de despacho en la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chiapas.

Expusieron que los permisionarios obtendrían las autorizaciones mediante la gestión de despachos vinculados, por ello presumieron que algunos, si no es que la mayoría de los beneficiados, fueron trabajadores o prestanombres de Tamayo, es decir, que quien realmente se beneficiaría –en gran parte– con esta práctica sería el mismo funcionario federal.

En este sentido, los quejosos señalaron a Gabriel Escudero Ávila, Fernando Aguilar García, Rogelio Cruz Cruz y Víctor Manuel Flores Gómez como algunas de las personas que supuestamente fueron los beneficiados. “Estos gestores acaparan más del 90 por ciento de los permisos y concesiones para la explotación del afluente...”.



Asimismo, denunciaron que Rodolfo Tamayo actuó en contubernio con Gerardo Moguel de la Comisión Nacional del Agua, para autorizar y concesionar los trabajos en el afluente, principalmente a los despachos coludidos.

Asimismo, revelaron que quienes también han sido beneficiados con los permisos son los empresarios: Ceín Mendoza Moreno, con seis; Norma Rojas Espinoza, con cinco; Félix Aniceto Orantes Ruiz y varios familiares, con cinco; y Rolando Martínez Sánchez, con tres.

Ante ello, expresaron el temor que se vive en estas comunidades, pues el deterioro ambiental se percibe claramente, además de que se corren grandes riesgos de inundaciones en los poblados y ejidos cercanos, mismos que llevaron en varias ocasiones las denuncias hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y aún no tienen respuestas claras.

De acuerdo con los habitantes de algunas comunidades como El Amatal, Julián Grajales, América Libre, Salvador Urbina, Narciso Mendoza, Ignacio Allende, Nicolás Bravo, Galecio Narcía, entre otros, desde el 2014 han autorizado más de 100 proyectos de extracción.



Otras de las comunidades y riberas afectadas son: Cupasmí, La Unión, El Vergel y Cupía. Los lugareños no piden que se detenga esta actividad, sino que se respeten los tiempos de extracción, pues dijeron entender la importancia de dicha actividad.

Recordaron que en 1995 estos trabajos pudieron detenerse, debido a las grandes afectaciones detectadas por la Conagua, la Semarnat y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del estado.

“Gozamos del cumplimiento de este acuerdo por un tiempo de cinco años, el cual se rompió con la llegada de Pablo Salazar Mendiguchía al gobierno del estado; a partir de ese tiempo comenzó la extracción sin control”, concluyeron.


100 Permisos aproximadamente se han otorgado desde el 2014 para la extracción de material pétreo en el Río Santo Domingo

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