/ domingo 3 de mayo de 2020

Secretaría de Trasporte quiere despojar a socios del Conejobus de su patrimonio

“La Secretaría de Movilidad y Transporte que encabeza Aquiles Espinosa García, nos quiere despojar y desplazar de las rutas uno y dos, para ello ha tomado una actitud gansteril y con la estrategia de amedrentar y presionarnos reteniendo los pagos en todo el 2020, en plena fase 3 de la pandemia del coronavirus es como busca que cedamos nuestra participación en esta sociedad”, puntualizaron socios del Conejobus, la mayoría de ellos de la tercera edad.

Es una estrategia totalmente violatoria que servidores públicos de esta secretaría están utilizando para “despojarlos” y “desplazarlos” de dichas rutas que fueron fundadas por ellos en 1980, aprovechándose de la fase tres de la contingencia sanitaria pretenden hacer firmar a cada uno de los 105 socios para ceder sus derechos en esta sociedad.

“Nos están llamando vía telefónica uno por uno, nos dicen que la mayoría de los socios ya han firmado un documento para que sea modificada el Acta Constitutiva y puedan vender sus acciones y sea la Secretaría quien se apodere de los derechos de ambas rutas y lo pueda vender a una empresa foránea o local para prestar este servicio, por eso solicitamos la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y tome cartas en el asunto”, denunciaron en un documento enviado a los medios de comunicación.

Los socios que en un 90% son mayores de 70 años, quienes pidieron omitir sus nombres por temor a represalias coincidieron en señalar que es una estrategia “vil, mañosa y descarada de querer quitar nuestros derechos en un momento por demás crítico en el país, el estado y la ciudad debido a la pandemia”.

Explican que les dieron cinco días hábiles para tomar una decisión “te ofrecemos las placas, una unidad modelo 2020 modificada para el transporte de pasajeros en una de las cuatro rutas nuevas alternas, a cambio de firmar un documento cediendo los derechos y rematan con una amenaza “lo tomas o a ver cómo te va”.

Todo esto ocurrió desde el lunes 27 al jueves 30 de abril, fecha en la que los socios deberían tomar una decisión. Mediante engaños y promesas les dicen que los mismos funcionarios llevaran los documentos a sus domicilios para recabar las firmas y así evitar se contagien del Covid-19.



Cabe destacar que en el Acta Constitutiva se especifica claramente que ni el Fideicomiso y ninguno de los socios podrá vender, transferir, donar ni la traslación de dominio de sus acciones o patrimonio social, únicamente podrán ser heredados las acciones a familiares de los transportistas.

Además, cada socio cuenta con un título de propiedad que garantiza que, en caso de la disolución de la empresa, la autoridad correspondiente está obligada a devolver las placas que tienen en depósito y autorizar los permisos para reiniciar el servicio de transporte público nuevamente en las rutas uno y dos.

Explicaron que no permitirán ser removidos de las rutas uno y dos que fundaron y forjaron desde hace casi 40 años “nos están mandando a rutas nuevas, a empezar de nuevo, de ninguna forma y en ningún momento firmaremos documento alguno que implique la donación de nuestra participación como socios, no es justo y es totalmente violatorio lo que la autoridad del transporte pretende hacer con nuestro patrimonio”.

Precisaron que hace 10 años los obligaron a formar parte de esta sociedad, otorgándoles las garantías bajo el marco de la Ley, de que sus placas y derechos de las rutas uno y dos estarían asegurados de por vida, para ello se modificó la ley del transporte en el 2009, se incluyó en el Acta Constitutiva de la empresa y se otorgó un título de propiedad ante notario público garantizándole todos estos derechos, ahora la misma autoridad no está respetando ninguno de éstos documentos y pretende violar todo el marco legal en el que se creó esta sociedad.

Ante ello los socios decidieron realizar la denuncia pública de las arbitrariedades que está cometiendo la autoridad del transporte y pidieron la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al secretario general de gobierno Ismael Brito Mazariegos, su oportuna intervención para que se respete la ley, evitando que sean despojados de su patrimonio y que los derechos de chiapanecos pasen a manos de empresarios locales o foráneos.

Además, mencionaron que estarían dispuestos realizar todos los sacrificios necesarios y solicitar créditos para invertir en unidades nuevas y modernas con tecnología que brinden seguridad, calidad y comodidad a los usuarios de ambas rutas.

Por ultimo no descartaron que en próximos días una comitiva de socios fundadores se traslade a la Ciudad de México para plantear esta situación ante el presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador quien se ha manifestado a favor de las personas de la tercera edad.

EL INICIO

El proyecto inicial, de acuerdo al estudio realizado por la Secretaría de Transportes se determinó que el Conejobus transportaría 72 mil pasajeros diarios y se cobraría seis pesos por pasaje; la realidad era que en enero de 2010 los usuarios oscilaban entre los 43 y 45 mil y la tarifa subsidiada autorizada por el entonces gobernador Juan Sabines Guerrero era de 4 pesos pago en efectivo, 3.50 con tarjeta, 3 pesos a estudiantes y 2.50 a la tercera edad y capacidades diferentes.

Actualmente con las 38 unidades en ambas rutas, el Conejobus solo transporta de acuerdo a cifras oficiales del 2019 no más de 13 mil 266 usuarios en promedio diario.

El ejecutivo del estado, se comprometió a pagar a cada Socio por cada juego de placas la cantidad de $ 15,000.00 mensuales libres de impuestos a inicios del 2010 y que se actualizaría en forma anual de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor, actualmente el pago a cada socio en este 2020 es de 22 mil 465.52 pesos.

Cabe destacar que el Conejobus nació como una empresa no rentable, porque fue constituida con fines sociales, además ha sido administrada y dirigida unilateralmente siempre por un Director General designado por el Gobierno del Estado; los socios no han participado en la administración de la empresa.

SITUACIÓN ACTUAL

La empresa Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla S.A. de C.V. (Situtsa), conocida como Conejobus, inició operaciones en enero de 2010, a través de una sociedad conformada de la siguiente manera: el Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público (Fimotra) con el 51% de acciones; y 105 socios transportistas (8 personas morales y 97 personas físicas), que representan 139 juegos de placas de las rutas uno y dos, con el 49% de acciones.

La flotilla de camiones con las que inicio fueron 71 unidades Volkswagen, luego fueron adquiridas 20 unidades Mercedes Benz a fínales del mismo 2010. En 2014 se recibieron en comodato ocho camiones con rampas para personas con capacidades diferentes, en 2017 se recibieron cinco camiones más bajo este mismo concepto.

La flotilla era ya de 104 unidades en ese momento; actualmente solo se cuentan con 38 camiones en promedio para trabajar las rutas uno y dos de Tuxtla Gutiérrez y la mayoría de estos camiones están en comodato, no son propiedad del Conejobus.

“La Secretaría de Movilidad y Transporte que encabeza Aquiles Espinosa García, nos quiere despojar y desplazar de las rutas uno y dos, para ello ha tomado una actitud gansteril y con la estrategia de amedrentar y presionarnos reteniendo los pagos en todo el 2020, en plena fase 3 de la pandemia del coronavirus es como busca que cedamos nuestra participación en esta sociedad”, puntualizaron socios del Conejobus, la mayoría de ellos de la tercera edad.

Es una estrategia totalmente violatoria que servidores públicos de esta secretaría están utilizando para “despojarlos” y “desplazarlos” de dichas rutas que fueron fundadas por ellos en 1980, aprovechándose de la fase tres de la contingencia sanitaria pretenden hacer firmar a cada uno de los 105 socios para ceder sus derechos en esta sociedad.

“Nos están llamando vía telefónica uno por uno, nos dicen que la mayoría de los socios ya han firmado un documento para que sea modificada el Acta Constitutiva y puedan vender sus acciones y sea la Secretaría quien se apodere de los derechos de ambas rutas y lo pueda vender a una empresa foránea o local para prestar este servicio, por eso solicitamos la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y tome cartas en el asunto”, denunciaron en un documento enviado a los medios de comunicación.

Los socios que en un 90% son mayores de 70 años, quienes pidieron omitir sus nombres por temor a represalias coincidieron en señalar que es una estrategia “vil, mañosa y descarada de querer quitar nuestros derechos en un momento por demás crítico en el país, el estado y la ciudad debido a la pandemia”.

Explican que les dieron cinco días hábiles para tomar una decisión “te ofrecemos las placas, una unidad modelo 2020 modificada para el transporte de pasajeros en una de las cuatro rutas nuevas alternas, a cambio de firmar un documento cediendo los derechos y rematan con una amenaza “lo tomas o a ver cómo te va”.

Todo esto ocurrió desde el lunes 27 al jueves 30 de abril, fecha en la que los socios deberían tomar una decisión. Mediante engaños y promesas les dicen que los mismos funcionarios llevaran los documentos a sus domicilios para recabar las firmas y así evitar se contagien del Covid-19.



Cabe destacar que en el Acta Constitutiva se especifica claramente que ni el Fideicomiso y ninguno de los socios podrá vender, transferir, donar ni la traslación de dominio de sus acciones o patrimonio social, únicamente podrán ser heredados las acciones a familiares de los transportistas.

Además, cada socio cuenta con un título de propiedad que garantiza que, en caso de la disolución de la empresa, la autoridad correspondiente está obligada a devolver las placas que tienen en depósito y autorizar los permisos para reiniciar el servicio de transporte público nuevamente en las rutas uno y dos.

Explicaron que no permitirán ser removidos de las rutas uno y dos que fundaron y forjaron desde hace casi 40 años “nos están mandando a rutas nuevas, a empezar de nuevo, de ninguna forma y en ningún momento firmaremos documento alguno que implique la donación de nuestra participación como socios, no es justo y es totalmente violatorio lo que la autoridad del transporte pretende hacer con nuestro patrimonio”.

Precisaron que hace 10 años los obligaron a formar parte de esta sociedad, otorgándoles las garantías bajo el marco de la Ley, de que sus placas y derechos de las rutas uno y dos estarían asegurados de por vida, para ello se modificó la ley del transporte en el 2009, se incluyó en el Acta Constitutiva de la empresa y se otorgó un título de propiedad ante notario público garantizándole todos estos derechos, ahora la misma autoridad no está respetando ninguno de éstos documentos y pretende violar todo el marco legal en el que se creó esta sociedad.

Ante ello los socios decidieron realizar la denuncia pública de las arbitrariedades que está cometiendo la autoridad del transporte y pidieron la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al secretario general de gobierno Ismael Brito Mazariegos, su oportuna intervención para que se respete la ley, evitando que sean despojados de su patrimonio y que los derechos de chiapanecos pasen a manos de empresarios locales o foráneos.

Además, mencionaron que estarían dispuestos realizar todos los sacrificios necesarios y solicitar créditos para invertir en unidades nuevas y modernas con tecnología que brinden seguridad, calidad y comodidad a los usuarios de ambas rutas.

Por ultimo no descartaron que en próximos días una comitiva de socios fundadores se traslade a la Ciudad de México para plantear esta situación ante el presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador quien se ha manifestado a favor de las personas de la tercera edad.

EL INICIO

El proyecto inicial, de acuerdo al estudio realizado por la Secretaría de Transportes se determinó que el Conejobus transportaría 72 mil pasajeros diarios y se cobraría seis pesos por pasaje; la realidad era que en enero de 2010 los usuarios oscilaban entre los 43 y 45 mil y la tarifa subsidiada autorizada por el entonces gobernador Juan Sabines Guerrero era de 4 pesos pago en efectivo, 3.50 con tarjeta, 3 pesos a estudiantes y 2.50 a la tercera edad y capacidades diferentes.

Actualmente con las 38 unidades en ambas rutas, el Conejobus solo transporta de acuerdo a cifras oficiales del 2019 no más de 13 mil 266 usuarios en promedio diario.

El ejecutivo del estado, se comprometió a pagar a cada Socio por cada juego de placas la cantidad de $ 15,000.00 mensuales libres de impuestos a inicios del 2010 y que se actualizaría en forma anual de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor, actualmente el pago a cada socio en este 2020 es de 22 mil 465.52 pesos.

Cabe destacar que el Conejobus nació como una empresa no rentable, porque fue constituida con fines sociales, además ha sido administrada y dirigida unilateralmente siempre por un Director General designado por el Gobierno del Estado; los socios no han participado en la administración de la empresa.

SITUACIÓN ACTUAL

La empresa Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla S.A. de C.V. (Situtsa), conocida como Conejobus, inició operaciones en enero de 2010, a través de una sociedad conformada de la siguiente manera: el Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público (Fimotra) con el 51% de acciones; y 105 socios transportistas (8 personas morales y 97 personas físicas), que representan 139 juegos de placas de las rutas uno y dos, con el 49% de acciones.

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