Siguen las detenciones arbitrarias de agentes del INM: expertos

La ideología del mestizaje, que lleva a la incredulidad de que existan afromexicanos, la presencia desproporcionada de comunidades indígenas y afromexicanas en las áreas más controladas por el Instituto Nacional de Migración (INM) y el conflicto entre la Ley de Migración y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contribuyen a la detención y deportación de mexicanos indígenas y afrodescendientes.

Así lo advierte, Elizabeth Orem, del Instituto para las Mujeres en la Migración for Women in Migration, AC; Tanya Duarte, representante de la asociación Afrodescendencia México; Abraham Gómez Pascencia, dirigente de la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas, AC y Anna Joseph, del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC.

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Sostienen los expertos que existen varios factores que contribuyen al continuo incumplimiento y perpetuación de las violaciones de derechos humanos racializadas por parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración en diversos estados del país.

A pesar de las decisiones legales y las normas antes mencionadas que prohíben la detención, desaparición forzada y deportación de mexicanos indígenas y afrodescendientes y las decisiones y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las autoridades mexicanas continúan violando la ley en contra de mexicanos que han salido de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida, afirman.

Los afromexicanos se enfrentan a la discriminación sistémica e institucional, es decir, se les niega el acceso a los sistemas de salud pública, a las escuelas, son acosados y discriminados en instituciones educativas, el empleo y la vivienda, todo por el color de la piel; lamentablemente, afirman, este racismo por parte de agentes del INM está profundamente arraigado.

Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye a los mexicanos indígenas, no reconoce a los afromexicanos; estos son reconocidos en las constituciones de Oaxaca y Guerrero, que enmendadas en 2013 y 2014, y en la legislación y los programas regulatorios del gobierno federal y los estados de Guerrero, Oaxaca y Coahuila, mientras que el Censo Nacional solo incluyó el patrimonio afromexicano como una categoría racial en la encuesta más reciente.