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La delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) en Chiapas no tiene titular, la última fue Zaynia Andrea Gil Vázquez, que el 8 de diciembre de 2018 tomó posesión como secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno del estado; sin embargo, desde el año pasado comenzó la baja del personal de confianza, y en la actualidad sólo menos de 20 atienden los actos registrales de los tres mil 300 ejidos en los 124 municipios.
El RAN es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encargada del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal y de brindar seguridad jurídica documental, derivada de la aplicación de la Ley Agraria; no obstante, se genera un rezago en los servicios que presta además del existente, porque no hay atención a los solicitantes venidos desde las localidades más lejanas.
Para brindar certeza jurídica a la propiedad social de la entidad, el RAN ha pedido apoyo a las delegaciones de la Procuraduría Agraria y Sedatu, que también están sin delegados y carecen de empleados desde todo el 2018.
De acuerdo con la Ley Agraria, al RAN corresponde el control de la tenencia de la tierra y de los derechos constituidos respecto de los ejidos y comunidades, mediante la función registral, el resguardo documental, asistencia técnica y catastral, en beneficio de los sujetos de derecho agrario y demás interesados del servicio; pero, lo que existe es dilación en la procuración y administración de justicia agraria.
Su obligación es otorgar plena certeza jurídica en la tenencia de la propiedad social, una atención adecuada y oportuna a sus usuarios, la que no se genera; además, de los 12 jefes de departamentos en la delegación sólo quedan unos cuantos. El medio rural de Chiapas se ha quedado sin la implementación de las políticas públicas que suscite paz y estabilidad social.
El poco personal explica que la salida de los trabajadores de confianza del RAN en Chiapas, tiene que ver con la inclusión a la institución de Jóvenes Construyendo el Futuro, que serían becados por el gobierno federal para cubrir las áreas que se han quedado sin atención pronta y expedita.
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