/ miércoles 20 de febrero de 2019

Urgente la Guardia Nacional: ERA

La Guardia Nacional respetará la convencionalidad y los tratados de derechos humanos del que México es parte

Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, señaló que aún se discute el proyecto de dictamen sobre la reforma que dará origen a la Guardia Nacional, para la cual se necesitará de una mayoría calificada.

Ramírez Aguilar dijo que se lleva un avance de un 70 por ciento, por lo que espera que en las próximas horas se construya un informe que permita conciliar y llegar a un acuerdo con los grupos parlamentarios.

Aclaró que se presentó un dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero únicamente para efectos jurídicos de legalidad y de proceso legislativo, aún no se ha aprobado que dé paso a la Guardia Nacional, pero apostamos a construir los votos sumando a todas las bancadas.

Eduardo Ramírez hizo hincapié en que la figura de la Guardia Nacional respetará los derechos humanos y la convencionalidad y los tratados de que México es parte en este tema.

“La Guardia Nacional es una figura jurídica, eminentemente civil que tendrá tres ordenamientos jurídicos, uno de ellos es el uso legítimo de la fuerza, la ley orgánica de la Guardia Nacional y la ley nacional de detenciones”.

“Habrá un mando civil, no se va a militarizar a la nación y la propuesta nuestra es que se tenga cinco años como máximo el acompañamiento de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional, es decir del Ejército y la Marina, para que después regresen a sus cuarteles”, destacó el senador chiapaneco.



En este sentido, Eduardo Ramírez hizo un amplio reconocimiento a las Fuerzas Armadas de México. El Ejército ha sido una institución gloriosa al servicio de la patria: “Es una de las instituciones más leales y comprometidas con el pueblo de México, pues ha dado, por más de cien años, una gran batalla por defender la soberanía y seguridad nacional”.

Finalmente, comentó que no es un tema fácil que se sacará de la noche a la mañana; no obstante, sí importante, porque hay que darle al Presidente de la Nación la herramienta jurídica que le permita generar la estrategia de seguridad pública, que a la fecha no ha tenido el Estado mexicano.

Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, señaló que aún se discute el proyecto de dictamen sobre la reforma que dará origen a la Guardia Nacional, para la cual se necesitará de una mayoría calificada.

Ramírez Aguilar dijo que se lleva un avance de un 70 por ciento, por lo que espera que en las próximas horas se construya un informe que permita conciliar y llegar a un acuerdo con los grupos parlamentarios.

Aclaró que se presentó un dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero únicamente para efectos jurídicos de legalidad y de proceso legislativo, aún no se ha aprobado que dé paso a la Guardia Nacional, pero apostamos a construir los votos sumando a todas las bancadas.

Eduardo Ramírez hizo hincapié en que la figura de la Guardia Nacional respetará los derechos humanos y la convencionalidad y los tratados de que México es parte en este tema.

“La Guardia Nacional es una figura jurídica, eminentemente civil que tendrá tres ordenamientos jurídicos, uno de ellos es el uso legítimo de la fuerza, la ley orgánica de la Guardia Nacional y la ley nacional de detenciones”.

“Habrá un mando civil, no se va a militarizar a la nación y la propuesta nuestra es que se tenga cinco años como máximo el acompañamiento de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional, es decir del Ejército y la Marina, para que después regresen a sus cuarteles”, destacó el senador chiapaneco.



En este sentido, Eduardo Ramírez hizo un amplio reconocimiento a las Fuerzas Armadas de México. El Ejército ha sido una institución gloriosa al servicio de la patria: “Es una de las instituciones más leales y comprometidas con el pueblo de México, pues ha dado, por más de cien años, una gran batalla por defender la soberanía y seguridad nacional”.

Finalmente, comentó que no es un tema fácil que se sacará de la noche a la mañana; no obstante, sí importante, porque hay que darle al Presidente de la Nación la herramienta jurídica que le permita generar la estrategia de seguridad pública, que a la fecha no ha tenido el Estado mexicano.

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