Escudados en los usos y costumbres, se cometen atropellos contra niñas y adolescentes en los pueblos originarios de Chiapas. Las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado no prosperan, debido a que, lamentablemente, están ligadas a acuerdos entre los padres de las víctimas y los padres de los agresores, expone Susi Bentzulul, maestra indígena de Chamula en la región Altos de Chiapas.
Puedes leer tambien: ¿Cómo surgió el grupo de los lacandones?
A pocos días de que concluyan los actuales gobiernos federal y estatal, y con el inicio de una nueva administración, la escritora tseltal sostiene que existen muchos obstáculos y desafíos. "Es necesario revisar el artículo de la Constitución Política del Estado de Chiapas que regula los usos y costumbres, porque se están violentando los derechos de las niñas y las mujeres, convirtiéndose en abusos. Se está perpetrando mucha violencia hacia ellas", advierte. Bentzulul hace un llamado a cuestionar estos temas, ya que la esencialización de los pueblos indígenas puede llevar a ignorar estas problemáticas.
Chamula es una comunidad profundamente patriarcal, donde prevalecen prácticas machistas que limitan la participación de las mujeres. Ellas no tienen voz en las asambleas comunitarias ni en los cargos de elección popular, y dentro de la familia también se les silencia. A esto se suma la violencia física, sexual e incluso los feminicidios que están ocurriendo en los contextos indígenas. "Pareciera que no existen en estas comunidades, pero sí están ocurriendo, y es urgente poner estos temas sobre la mesa", señala.
En una entrevista realizada en Tuxtla Gutiérrez, Bentzulul agregó que "vivimos bajo una constante presión por el simple hecho de ser mujeres. Es una violencia estructural e histórica que necesitamos analizar a fondo". Considera que es complejo sentirse "atadas de manos con el pretexto de preservar la cultura", cuando esta misma cultura, según ella, es machista y violenta hacia las mujeres.
Lamentó que la justicia sea muy limitada en los pueblos indígenas. Los jueces de paz y conciliación indígena, señala, no tienen la capacidad de impartir justicia, ni están capacitados en perspectiva de género, lo cual podría generar alternativas para solucionar estos problemas. "He visto cómo niñas desde los nueve años sufren violencia sexual, y es necesario denunciarlo", advierte.
Bentzulul también destacó que la violencia sexual proviene muchas veces de la propia familia: padres, tíos y hermanos. "Vivimos racismo y clasismo, y se malinterpretan los usos y costumbres, lo que lleva a abusos bajo el amparo de las normas comunitarias. Debemos ser críticos ante esta realidad, una situación que existe desde antes de la conquista", afirmó. La falta de personal capacitado en la Fiscalía General del Estado, especialmente con perspectiva de género y conocimiento de lenguas maternas, complica el acceso a la justicia para las víctimas, agregó.
Finalmente, reveló que muchas carpetas de investigación no llegan a la aplicación de la ley. Aunque algunos casos logran justicia gracias al acompañamiento de organizaciones defensoras, las denuncias y los casos de violencia siguen siendo recurrentes. Bentzulul subraya la necesidad urgente de cambiar la realidad que afecta a niñas, adolescentes y jóvenes, y lamenta que quienes están en posiciones de liderazgo no han hecho lo suficiente para frenar los abusos.
¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️
