/ viernes 24 de julio de 2020

En dos meses, exgobernador de Chihuahua desvió 41 mdp del erario

Las indagatorias de la FGR concluyeron que el dinero no fue utilizado para los proyectos autorizados

Firmas falsificadas y muertos firmantes, cuentas bancarias, amistades, ganado sacrificado, empresas fachada y sólo dos meses bastaron para lograr casi de golpe el desvío de 41 millones de pesos del erario de Chihuahua a cuentas bancarias relacionadas con el entonces gobernador César “D”, quien hoy busca un amparo contra su detención si la justicia estadunidense avala su extradición.

El 14 de noviembre de 2011, un contrato de préstamo con intereses identificado con el número 887/2011, fue firmado por el Gobierno de Chihuahua, representado por el Servicio de Impuestos Internos y la Secretaría de Desarrollo Rural, a favor de Unión Ganadera, empresa creada por el exmandatario estatal, por el monto de cinco millones de pesos, a pagar en una suma global antes del 30 de junio de 2013.

En este caso, una evaluación realizada por la Auditoría Superior del Estado muestra que se detectaron irregularidades importantes como falta de presupuesto y suficiencia, que viola lo establecido en los programas que otorgan subsidios como la operación del Programa Estatal para el Desarrollo de la Agricultura, Productores Agroindustriales y Forestales. Además, el crédito otorgado excedió el monto máximo de financiamiento, así como el plazo establecido, y tampoco existe documentación sobre el pago del préstamo.

Las indagatorias de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Estatal concluyen que el dinero no fue utilizado conforme a lo establecido en el contrato y produjo beneficios que favorecieron al exgobernador de Chihuahua y sus allegados.

Casi a la par, el 1 de diciembre de 2011, fue firmado el Acuerdo de Apoyo Financiero 991/2011 por la Secretaría de Desarrollo Rural, el Servicio de Impuestos Internos y la empresa Unión Ganadera para un “pago de indemnización para los productores que transportan ganado no productivo a la planta procesadora de carne para ser sacrificado”, por la cantidad de 36 millones de pesos. El 10 de enero de 2012, se realizó un primer pago por 16 millones de pesos a través de un cheque a favor de Unión Ganadera. El 25 de enero y el 15 de marzo de ese año se realizaron otros dos pagos por 10 millones de pesos a la empresa que el entonces gobernador creó.

“En este caso, además de las irregularidades en los procedimientos, también hay una falta de documentación e información a través de la cual Unión Ganadera pueda probar que la subvención se usó para el propósito acordado”, señala la investigación.

Foto: Especial

LOS MUERTOS FIRMAN

Aunque la Secretaría de Desarrollo Rural trabajó con una lista de personas que supuestamente fueron beneficiarios, no hubo archivos con identificaciones personales o cualquier otra información que corroborara la participación de los beneficiarios o algún listado que detallara a quiénes se dirigía el apoyo.

Incluso, en la lista de personas en los archivos administrativos de dicho acuerdo se identificaron las firmas de 45 personas que iban a ser beneficiadas, pero, después de investigar, se determinó que fallecieron en el momento en que se prestó el supuesto apoyo. “Fue imposible para ellos firmar los documentos. En otras palabras, la lista tenía firmas de personas que estaban muertas en el momento en que se prepararon los documentos” para concretar los supuestos beneficios desde el gobierno estatal.

Respecto a las firmas de los vivos, en declaraciones que se encuentran dentro de los expedientes del caso que se sigue al exgobernador de Chihuahua, al menos seis personas desconocieron haber firmado la lista de beneficiarios.

Para los fiscales federales y locales que han llevado el caso y que han presentado documentación y testimonios ante la justicia de Estados Unidos, las firmas fueron falsificadas tal y como lo refieren los testigos identificados como A5P2/2019, FE54HD7SHJW/2019 y 5M4GYUH19A/20I9, todos cercanos a la administración estatal entre 2010 Y 2016.

Foto: Especial

PASO A PASO

Para asestar este golpe, uno de los más fuertes con el fin de desviar los recursos públicos, César “D” fue paso a paso. A un año de convertirse en gobernador, en octubre de 2011 comenzó a gestarse el desvío de 582 mil pesos; semanas después se procedió a iniciar la malversación de dos millones 790 mil pesos y enero de 2012 lograron desviarse otros 12 millones de pesos. El mismo modus operandi continuó los siguientes años.

El Sol de México ha informado en los últimos días los detalles sobre las imputaciones que la Fiscalía General de la República realiza contra César “D” por el desvío de un total 96.6 millones de pesos hacia dos de sus empresas entre 2011 y 2014.



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Firmas falsificadas y muertos firmantes, cuentas bancarias, amistades, ganado sacrificado, empresas fachada y sólo dos meses bastaron para lograr casi de golpe el desvío de 41 millones de pesos del erario de Chihuahua a cuentas bancarias relacionadas con el entonces gobernador César “D”, quien hoy busca un amparo contra su detención si la justicia estadunidense avala su extradición.

El 14 de noviembre de 2011, un contrato de préstamo con intereses identificado con el número 887/2011, fue firmado por el Gobierno de Chihuahua, representado por el Servicio de Impuestos Internos y la Secretaría de Desarrollo Rural, a favor de Unión Ganadera, empresa creada por el exmandatario estatal, por el monto de cinco millones de pesos, a pagar en una suma global antes del 30 de junio de 2013.

En este caso, una evaluación realizada por la Auditoría Superior del Estado muestra que se detectaron irregularidades importantes como falta de presupuesto y suficiencia, que viola lo establecido en los programas que otorgan subsidios como la operación del Programa Estatal para el Desarrollo de la Agricultura, Productores Agroindustriales y Forestales. Además, el crédito otorgado excedió el monto máximo de financiamiento, así como el plazo establecido, y tampoco existe documentación sobre el pago del préstamo.

Las indagatorias de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Estatal concluyen que el dinero no fue utilizado conforme a lo establecido en el contrato y produjo beneficios que favorecieron al exgobernador de Chihuahua y sus allegados.

Casi a la par, el 1 de diciembre de 2011, fue firmado el Acuerdo de Apoyo Financiero 991/2011 por la Secretaría de Desarrollo Rural, el Servicio de Impuestos Internos y la empresa Unión Ganadera para un “pago de indemnización para los productores que transportan ganado no productivo a la planta procesadora de carne para ser sacrificado”, por la cantidad de 36 millones de pesos. El 10 de enero de 2012, se realizó un primer pago por 16 millones de pesos a través de un cheque a favor de Unión Ganadera. El 25 de enero y el 15 de marzo de ese año se realizaron otros dos pagos por 10 millones de pesos a la empresa que el entonces gobernador creó.

“En este caso, además de las irregularidades en los procedimientos, también hay una falta de documentación e información a través de la cual Unión Ganadera pueda probar que la subvención se usó para el propósito acordado”, señala la investigación.

Foto: Especial

LOS MUERTOS FIRMAN

Aunque la Secretaría de Desarrollo Rural trabajó con una lista de personas que supuestamente fueron beneficiarios, no hubo archivos con identificaciones personales o cualquier otra información que corroborara la participación de los beneficiarios o algún listado que detallara a quiénes se dirigía el apoyo.

Incluso, en la lista de personas en los archivos administrativos de dicho acuerdo se identificaron las firmas de 45 personas que iban a ser beneficiadas, pero, después de investigar, se determinó que fallecieron en el momento en que se prestó el supuesto apoyo. “Fue imposible para ellos firmar los documentos. En otras palabras, la lista tenía firmas de personas que estaban muertas en el momento en que se prepararon los documentos” para concretar los supuestos beneficios desde el gobierno estatal.

Respecto a las firmas de los vivos, en declaraciones que se encuentran dentro de los expedientes del caso que se sigue al exgobernador de Chihuahua, al menos seis personas desconocieron haber firmado la lista de beneficiarios.

Para los fiscales federales y locales que han llevado el caso y que han presentado documentación y testimonios ante la justicia de Estados Unidos, las firmas fueron falsificadas tal y como lo refieren los testigos identificados como A5P2/2019, FE54HD7SHJW/2019 y 5M4GYUH19A/20I9, todos cercanos a la administración estatal entre 2010 Y 2016.

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