/ jueves 9 de enero de 2020

SFP reclama 40 mil mdp a gobernadores

Se han aplicado multas a más de tres mil 400 servidores públicos, informó Irma Eréndira Sandoval

Hasta ahora se tienen detectados 46 mil millones de pesos que los estados no han logrado justificar, por lo que se busca su reintegración a la Tesorería de la Federación, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP) en lo que se vislumbra un nuevo frente de confrontación entre los gobernadores del Gobierno federal.

En el marco de su participación en la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules en la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, comentó que esta detección se llevó a cabo gracias a la actividad fiscalizadora que se tiene en la dependencia.

Por lo anterior, dejó claro que este monto deberá ser entregado a la Tesorería de la Federación o en su defecto “se justifique esta cantidad millonaria que las entidades federativas tienen y por las que ellos tienen que responder”.

“En este caso, la cifra millonaria es de más de 46 mil millones de pesos que son observaciones que están pendientes de justificación y que próximamente se verán concretadas en reingresos directos a la Tesorería de la Federación”, dijo.

“Esto es importante, porque esa cantidad millonaria de más 46 mil millones de pesos que hemos logrado observar, encontrar a partir de nuestras tareas fiscalizadoras, representa 50 veces el presupuesto de nuestra dependencia, 50 veces el presupuesto de la Secretaria de la Función Pública en el 2019”, sostuvo ante los Embajadores y Cónsules.

Organización Editorial Mexicana buscó a Francisco Domínguez, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para saber su postura al respecto, pero declinó hacer comentarios.

La funcionaria manifestó que se tienen otras observaciones por parte de sus auditores en las que se descubrió un monto de 17 mil millones de pesos en materia de cuestiones nada más de obra pública.

De acuerdo con datos de la Función Pública dados a conocer en el primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se concluyó el seguimiento de 401 observaciones que fueron determinadas a los gobiernos estatales.

Se dio cuenta que están en proceso de atención nueve mil 698 observaciones que representan un monto por solventar de 46 mil 121 millones de pesos, además de que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019, se emitieron 723 observaciones sobre las cuales los gobiernos de los estados deben realizar los reintegros correspondientes por un monto de 20 mil 206 millones de pesos, “debido a que no se aportaron mayores elementos para ser solventadas”.

Sandoval abundó que la Función Pública también ha aplicado multas a más de tres mil 400 servidores públicos, así como sanciones en contra de licitantes, proveedores y contratistas que ascienden a más de mil 400 millones de pesos.

En su mensaje, sentencio que con estas acciones se da ejemplo de que en México “estamos castigando la corrupción”. En este sentido, anunció que se estarían poniendo a disposición de los funcionarios públicos los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales que habrán de entrar en vigor este año, al tiempo de anunciar que este mismo mes este mismo mes estará listo el sistema para recibir las primeras declaraciones patrimoniales.

"Será un nuevo sistema, completamente transformado, con un mayor énfasis en el tema de conflictos de interés", afirmó la funcionaria.

Sandoval anunció que México buscará ser la sede del Décimo Periodo de Sesiones de la Conferencia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el 2023.

Hasta ahora se tienen detectados 46 mil millones de pesos que los estados no han logrado justificar, por lo que se busca su reintegración a la Tesorería de la Federación, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP) en lo que se vislumbra un nuevo frente de confrontación entre los gobernadores del Gobierno federal.

En el marco de su participación en la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules en la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, comentó que esta detección se llevó a cabo gracias a la actividad fiscalizadora que se tiene en la dependencia.

Por lo anterior, dejó claro que este monto deberá ser entregado a la Tesorería de la Federación o en su defecto “se justifique esta cantidad millonaria que las entidades federativas tienen y por las que ellos tienen que responder”.

“En este caso, la cifra millonaria es de más de 46 mil millones de pesos que son observaciones que están pendientes de justificación y que próximamente se verán concretadas en reingresos directos a la Tesorería de la Federación”, dijo.

“Esto es importante, porque esa cantidad millonaria de más 46 mil millones de pesos que hemos logrado observar, encontrar a partir de nuestras tareas fiscalizadoras, representa 50 veces el presupuesto de nuestra dependencia, 50 veces el presupuesto de la Secretaria de la Función Pública en el 2019”, sostuvo ante los Embajadores y Cónsules.

Organización Editorial Mexicana buscó a Francisco Domínguez, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para saber su postura al respecto, pero declinó hacer comentarios.

La funcionaria manifestó que se tienen otras observaciones por parte de sus auditores en las que se descubrió un monto de 17 mil millones de pesos en materia de cuestiones nada más de obra pública.

De acuerdo con datos de la Función Pública dados a conocer en el primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se concluyó el seguimiento de 401 observaciones que fueron determinadas a los gobiernos estatales.

Se dio cuenta que están en proceso de atención nueve mil 698 observaciones que representan un monto por solventar de 46 mil 121 millones de pesos, además de que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019, se emitieron 723 observaciones sobre las cuales los gobiernos de los estados deben realizar los reintegros correspondientes por un monto de 20 mil 206 millones de pesos, “debido a que no se aportaron mayores elementos para ser solventadas”.

Sandoval abundó que la Función Pública también ha aplicado multas a más de tres mil 400 servidores públicos, así como sanciones en contra de licitantes, proveedores y contratistas que ascienden a más de mil 400 millones de pesos.

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