Un juez federal vinculó a proceso a ocho funcionarios y exfuncionarios públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (ISSSTE), por presuntamente participar en un fraude por 830 millones de pesos afectando así el patrimonio y los intereses del organismo.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) el monto del fraude se realizó a través de un pago ilícito que favoreció a un emporio farmacéutico y se detectó luego de que la empresa presentó a pago facturas que ya habían sido pagadas, “por lo que los ahora imputados no defendieron adecuadamente los intereses de la institución y probablemente hicieron un pago doble”.
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Se trata de Juan Carlos Larrieu Creel; Sebastián López Herrera; Juan Daniel Álvarez Santillán y Javier Mejía Estañol, quienes fueron vinculados a proceso por la probable comisión del delito de ejercicio indebido de servicio público.
La acusación ocurre bajo la hipótesis de que estos funcionarios, aun teniendo conocimiento de los hechos, no informaron por escrito a su superior jerárquico del presunto fraude ni lo evitaron, por lo que pudieron haber cometido un acto de omisión.
En el caso específico de Sebastián López, la acusación se realizó bajo la hipótesis que ejerció sus funciones sin haber tomado posesión legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales para hacerlo.
Por su parte en el caso de Juan Daniel Álvarez se le agregó la presunta comisión de los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, bajo la hipótesis de que al tener a su cargo fondos públicos y realizar un pago ilegal pudo causar un daño al erario público.
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Asimismo, se vinculó a proceso a José Febo Trujeque Ramírez; Marx Yazalde Ortiz Correa; Sandy Toledo Sánchez e Irma Merlos Merlos por uso ilícito de atribuciones y facultades, “bajo la hipótesis cuando el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, haga un pago ilegal”.
A solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, el juez les impuso como medidas cautelares la presentación mensual ante las autoridades correspondientes, así como la prohibición de salir del país sin autorización judicial, en tanto ocurren los tres meses que se decretaron para la investigación complementaria.
