La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados discutirá el martes 13 de agosto la reforma para agregar en el artículo 19 de la Constitución delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, figura considerada violatoria de derechos humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Extorsión, narcomenudeo, la producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados, defraudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados entrarían al catálogo de ilícitos que implicarían prisión automática.
La discusión de esta reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024 creará un nuevo frente de batalla entre los tres poderes de la unión, pues mientras el Legislativo y Ejecutivo se pronuncian a favor de la prisión preventiva oficiosa, el Poder Judicial se inclina más por invalidar esta figura que tiene a 38 mil 533 personas en la cárcel sin sentencia, según datos del INEGI de 2023.
La Suprema Corte tiene pendiente discutir un proyecto de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado Mexicano eliminar la prisión preventiva de la Constitución, en respuesta al juicio de dos hombres que pasaron 17 años en prisión sin sentencia (caso conocido como “García Rodríguez y otro vs. México”).
El máximo tribunal tiene pendiente también resolver la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para invalidar la prisión preventiva, un asunto que está enlistado en la discusión desde enero de este año y que hasta el momento no se ha abordado.
Mientras se resuelven los dos asuntos anteriores, la Suprema Corte ordenó el 1 de julio a Juzgados de distrito y Tribunales Colegiados suspender la tramitación de todos los amparos que tengan como tema de fondo la validez de la prisión preventiva, en tanto fija un criterio general para resolverlos.
En la antesala de la discusión en la Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador y gobernadores emanados de Morena denunciaron que 68 mil presuntos delincuentes quedarían libres si se elimina la prisión preventiva oficiosa, por lo que pidieron dejar esta figura en la Constitución.
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Morena y aliados tienen los votos para aprobar en comisiones la reforma en materia de prisión preventiva pero no los números para aprobarla en el pleno, por lo que será hasta la nueva legislatura que arranca el 1 de septiembre cuando sea discutida por los 500 diputados.
