/ jueves 10 de febrero de 2022

Disminuyen sanciones a servidores públicos durante la 4T

La cifra de servidores con castigos por la SFP es menor que en las dos administraciones previas

Durante la primera mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2019-2021) fueron sancionados seis mil 515 servidores públicos por cometer faltas administrativas o infracciones a la ley. La cifra de funcionarios sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) es considerablemente menor a la registrada en el mismo periodo de las dos administraciones federales previas.

Durante los primeros tres años del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2007-2009) la dependencia federal impuso sanciones a 19 mil 76 servidores públicos, que fueron desde la amonestación privada o pública hasta multas económicas, destituciones e inhabilitaciones.

➡️ SFP inhabilita por 10 años al exsecretario Luis Videgaray

Y durante la primera mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto (2013-2015) se sancionó a 31 mil 443 funcionarios en toda la administración federal, indican cifras de la SFP y datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Asimismo, año con año el gobierno de la llamada Cuarta Transformación castiga a menos servidores públicos. Inició 2019 sancionando a tres mil dos personas. Para 2020, el año que llegó la pandemia de Covid-19, castigó a sólo mil 893 servidores públicos, y durante el año pasado aplicó mil 620 sanciones. En lo que va de este año apenas lleva una sanción.

Las bases de datos públicas no permiten conocer a qué dependencia, entidad o empresa productiva del gobierno federal pertenecía cada uno de los funcionarios castigados administrativamente durante los dos sexenios pasados; tampoco su cargo. Sin embargo, la información contenida en la PNT sí permite saber estos datos al menos en lo que corresponde a las sanciones aplicadas en el gobierno en curso.

El tipo de sanciones a servidores públicos de distintos niveles jerárquicos van desde destitución, inhabilitación, suspensión del empleo, cargo o comisión, amonestaciones públicas y privadas, sanciones económicas, rescisiones, entre otras, según muestran los documentos de los órganos internos de control y las contralorías internas.

Entre los motivos están omitir declaraciones patrimoniales, corrupción, mal desempeño, acoso laboral, uso indebido de cargos, acoso sexual, abandono de trabajo, transferencia de medicamentos con diferencias, presentarse en estado de ebriedad, ausentarse del área laboral, presentación de documentos de cursos falsos y daño patrimonial, entre otras causas.

El Tribunal Superior Agrario es el que registra el mayor número de sanciones durante el sexenio actual, con 588. Los cargos de los amonestados son directores generales de recursos materiales, jefes de proyectos especiales, actuarios, jefas y jefes de unidad de asuntos jurídicos y más. Las causas de las sanciones a estos son por omisión en la declaración patrimonial, acoso laboral, malos tratos y cargas excesivas de trabajo al personal a su cargo, irregularidad administrativa en el desempeño de sus funciones y otras.

En la segunda posición está el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con 469 servidores sancionados. Los amonestados son secretarios de juzgado, secretarios particulares de jueces de distrito, actuarios judiciales, secretarios particulares de magistrados de circuito y jueces de distrito.

Uno de estos últimos fue destituido de su puesto porque “actuó con descuido en el desempeño de sus funciones, no preservó el profesionalismo propio de su función, realizó actos u omisiones que causaron suspensión o deficiencia en el servicio prestado, que provocaron el ejercicio indebido de su cargo… en por lo menos cinco juicios de amparo”.

En tercer lugar está la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con 365 sanciones, la mayoría inhabilitaciones por negligencias administrativas e incumplimiento de declaración patrimonial.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con 119 sanciones, incluidos médicos, enfermeras, camilleros, directores, jefes de departamento y despachadores de farmacia.

Abandono de trabajo, transferencia de medicamentos con diferencias, presentarse en estado de ebriedad, ausentarse del área laboral, presentar documentos de cursos falsos y daño patrimonial son algunas de las causas.

A la lista se agrega también el Instituto Nacional Electoral (INE), con 92 amonestaciones entre las que se incluyen destituciones, suspensiones y amonestaciones.

Otras dependencias con sanciones a sus funcionarios son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En estos casos la herramienta no aporta detalles sobre los cargos que ostentaban y el tipo de amonestación o sanción que recibieron.

Al igual aparecen el Instituto Nacional de Migración (INM), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Secretaría de Gobernación (Segob), donde tampoco se detalla más información.



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Durante la primera mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2019-2021) fueron sancionados seis mil 515 servidores públicos por cometer faltas administrativas o infracciones a la ley. La cifra de funcionarios sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) es considerablemente menor a la registrada en el mismo periodo de las dos administraciones federales previas.

Durante los primeros tres años del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2007-2009) la dependencia federal impuso sanciones a 19 mil 76 servidores públicos, que fueron desde la amonestación privada o pública hasta multas económicas, destituciones e inhabilitaciones.

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Y durante la primera mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto (2013-2015) se sancionó a 31 mil 443 funcionarios en toda la administración federal, indican cifras de la SFP y datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Asimismo, año con año el gobierno de la llamada Cuarta Transformación castiga a menos servidores públicos. Inició 2019 sancionando a tres mil dos personas. Para 2020, el año que llegó la pandemia de Covid-19, castigó a sólo mil 893 servidores públicos, y durante el año pasado aplicó mil 620 sanciones. En lo que va de este año apenas lleva una sanción.

Las bases de datos públicas no permiten conocer a qué dependencia, entidad o empresa productiva del gobierno federal pertenecía cada uno de los funcionarios castigados administrativamente durante los dos sexenios pasados; tampoco su cargo. Sin embargo, la información contenida en la PNT sí permite saber estos datos al menos en lo que corresponde a las sanciones aplicadas en el gobierno en curso.

El tipo de sanciones a servidores públicos de distintos niveles jerárquicos van desde destitución, inhabilitación, suspensión del empleo, cargo o comisión, amonestaciones públicas y privadas, sanciones económicas, rescisiones, entre otras, según muestran los documentos de los órganos internos de control y las contralorías internas.

Entre los motivos están omitir declaraciones patrimoniales, corrupción, mal desempeño, acoso laboral, uso indebido de cargos, acoso sexual, abandono de trabajo, transferencia de medicamentos con diferencias, presentarse en estado de ebriedad, ausentarse del área laboral, presentación de documentos de cursos falsos y daño patrimonial, entre otras causas.

El Tribunal Superior Agrario es el que registra el mayor número de sanciones durante el sexenio actual, con 588. Los cargos de los amonestados son directores generales de recursos materiales, jefes de proyectos especiales, actuarios, jefas y jefes de unidad de asuntos jurídicos y más. Las causas de las sanciones a estos son por omisión en la declaración patrimonial, acoso laboral, malos tratos y cargas excesivas de trabajo al personal a su cargo, irregularidad administrativa en el desempeño de sus funciones y otras.

En la segunda posición está el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con 469 servidores sancionados. Los amonestados son secretarios de juzgado, secretarios particulares de jueces de distrito, actuarios judiciales, secretarios particulares de magistrados de circuito y jueces de distrito.

Uno de estos últimos fue destituido de su puesto porque “actuó con descuido en el desempeño de sus funciones, no preservó el profesionalismo propio de su función, realizó actos u omisiones que causaron suspensión o deficiencia en el servicio prestado, que provocaron el ejercicio indebido de su cargo… en por lo menos cinco juicios de amparo”.

En tercer lugar está la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con 365 sanciones, la mayoría inhabilitaciones por negligencias administrativas e incumplimiento de declaración patrimonial.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con 119 sanciones, incluidos médicos, enfermeras, camilleros, directores, jefes de departamento y despachadores de farmacia.

Abandono de trabajo, transferencia de medicamentos con diferencias, presentarse en estado de ebriedad, ausentarse del área laboral, presentar documentos de cursos falsos y daño patrimonial son algunas de las causas.

A la lista se agrega también el Instituto Nacional Electoral (INE), con 92 amonestaciones entre las que se incluyen destituciones, suspensiones y amonestaciones.

Otras dependencias con sanciones a sus funcionarios son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En estos casos la herramienta no aporta detalles sobre los cargos que ostentaban y el tipo de amonestación o sanción que recibieron.

Al igual aparecen el Instituto Nacional de Migración (INM), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Secretaría de Gobernación (Segob), donde tampoco se detalla más información.



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