/ sábado 3 de abril de 2021

Limitadas, las fiscalías anticorrupción: WOLA

Falta de autonomía y problemas estructurales son parte de los retos que enfrentan estas instituciones

La falta de plena autonomía, junto con obstáculos externos y reticencias internas limitan a las fiscalías estatales anticorrupción indicó la oficina de Washington para América Latina (WOLA).

“A la luz de lo anterior, los esfuerzos por mejorar su trabajo de estas fiscalías, incluyendo mediante la cooperación internacional en su caso, deben buscar superar obstáculos estructurales como procesos de nombramiento y jerarquías institucionales que amenacen o socaven la independencia de las y los fiscales”, dice el informe, “México: Una mirada más cercana a las fiscalías estatales anticorrupción”. Para este estudio, WOLA se centró en el trabajo de las fiscalías estatales anticorrupción de Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Veracruz.

Los datos reportados por las fiscalías estatales muestran diferencias en los niveles de financiamiento que recibe cada fiscalía anticorrupción.

Entre septiembre de 2017 y septiembre de 2020 Coahuila inició 537 investigaciones, con cuatro órdenes de aprehensión; Jalisco, entre enero de 2018 y septiembre de 2020, inició tres mil 25 investigaciones con cuatro órdenes de aprehensión.

Entre marzo de 2018 y septiembre de 2020, Nuevo León, abrió 592 indagatorias, sin aprehensiones; entre octubre de 2015 y septiembre de 2020, Sonora cuenta con 900 investigaciones y 73 órdenes de aprehensión.

Finalmente, Veracruz entre 2019 y septiembre de 2020, tuvo un total de mil 691 investigaciones iniciadas y, con datos a partir de 2020, ocho órdenes de aprehensión obtenidas.

En su análisis, WOLA emitió recomendaciones para el mejor desarrollo de esas instancias, como contar con el apoyo normativo, institucional y político necesario para hacer su trabajo eficazmente, y la rendición de cuentas.

Sugirió superar obstáculos estructurales, como procesos de nombramiento y jerarquías institucionales que amenacen o socaven la independencia de la fiscalías.

Contar con planes de persecución que dieran prioridad a la corrupción de alto impacto, así como que la competencia de las fiscalías incluyera todas las prácticas corruptas relevantes.

La falta de plena autonomía, junto con obstáculos externos y reticencias internas limitan a las fiscalías estatales anticorrupción indicó la oficina de Washington para América Latina (WOLA).

“A la luz de lo anterior, los esfuerzos por mejorar su trabajo de estas fiscalías, incluyendo mediante la cooperación internacional en su caso, deben buscar superar obstáculos estructurales como procesos de nombramiento y jerarquías institucionales que amenacen o socaven la independencia de las y los fiscales”, dice el informe, “México: Una mirada más cercana a las fiscalías estatales anticorrupción”. Para este estudio, WOLA se centró en el trabajo de las fiscalías estatales anticorrupción de Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Veracruz.

Los datos reportados por las fiscalías estatales muestran diferencias en los niveles de financiamiento que recibe cada fiscalía anticorrupción.

Entre septiembre de 2017 y septiembre de 2020 Coahuila inició 537 investigaciones, con cuatro órdenes de aprehensión; Jalisco, entre enero de 2018 y septiembre de 2020, inició tres mil 25 investigaciones con cuatro órdenes de aprehensión.

Entre marzo de 2018 y septiembre de 2020, Nuevo León, abrió 592 indagatorias, sin aprehensiones; entre octubre de 2015 y septiembre de 2020, Sonora cuenta con 900 investigaciones y 73 órdenes de aprehensión.

Finalmente, Veracruz entre 2019 y septiembre de 2020, tuvo un total de mil 691 investigaciones iniciadas y, con datos a partir de 2020, ocho órdenes de aprehensión obtenidas.

En su análisis, WOLA emitió recomendaciones para el mejor desarrollo de esas instancias, como contar con el apoyo normativo, institucional y político necesario para hacer su trabajo eficazmente, y la rendición de cuentas.

Sugirió superar obstáculos estructurales, como procesos de nombramiento y jerarquías institucionales que amenacen o socaven la independencia de la fiscalías.

Contar con planes de persecución que dieran prioridad a la corrupción de alto impacto, así como que la competencia de las fiscalías incluyera todas las prácticas corruptas relevantes.

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