/ martes 15 de febrero de 2022

Más de 89 mil elementos de la Guardia Nacional no cuentan con certificación policial: informe

Los resultados son parte del Informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, que fue presentado ante el Senado

Pese a que la Ley de la Guardia Nacional establece la obligación de que sus elementos cuenten con la Certificación Único Policial, es decir, con un examen aprobado de conocimientos, desempeño y control de confianza en materia policial, hasta noviembre de 2021 más de 89 mil de sus elementos no contaban con esta certificación, reveló un estudio elaborado por la organización Causa en Común.

Así lo informó María Elena Morera, presidenta de la organización, al presentar los resultados del Informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México ante el Senado de la República, en el que especificó que el 28 de mayo de 2021 venció el plazo que establece la ley para que los integrantes de la Guardia contarán con este certificado.

“Sin embargo, hasta noviembre del año pasado solamente el 21 por ciento de los elementos contaban con dicha certificación”, dijo.

Anteriormente, Morera había especificado que la Guardia Nacional pasó de tener 56 mil elementos en agosto de 2019 a 113 mil elementos en diciembre de 2021, más los 30 mil que la corporación aún planea agregar.

Sin embargo, el informe arrojó que de estos 113 mil elementos de la Guardia, 73 mil son procedentes de la Secretaría de la Defensa Nacional,17 mil de la Secretaría de la Marina y 23 mil de la extinta Policía Federal, “por lo que los incrementos corresponden casi exclusivamente a transferencias” militares y no a reclutamientos civiles.

Estos datos, aseguró, evidencian que el Gobierno “no está formando a los elementos de la Guardia Nacional como una policía civil, que fue la promesa que quedó plasmada en la Constitución, ni tampoco los están sometiendo a los controles de confianza que debe pasar toda policía en el país”.

“Al decir esto, no estamos criticando a los soldados y los marinos, por los que además sentimos un gran respeto. Por el contrario, lo que estamos haciendo es alertar sobre las posibles consecuencias, los efectos y los riesgos que pueden tener”, señaló.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, luego de reconocer que algunos de los elementos de la Guardia no contaban con este Certificado, amplió el plazo para la presentación de este requisito para el 31 de mayo de 2024, señala el informe.

Sin embargo, nuevamente Morera aseguró que “se ve complicado que, si en estos dos años y medio obtuvieron el certificado casi 21 mil elementos, lo puedan obtener los 90 mil restantes” de aquí a esa fecha.

Otros datos que arrojó el informe fue respecto al aumento en las asignaciones de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas, que pasaron de 43 a 246 atribuciones en dos años, o el incremento del presupuesto de la Guardia que para este 2022 recibirá 63 mil millones de pesos.

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Respecto al primer punto Alejandro Hope, analista en temas de seguridad, criticó que se esté dando una ampliación a las atribuciones de esta corporación, pues “cuando una institución hace de todo en todas partes, la realidad es que no alcanza para nada en ningún lado”; mientras que Jorge Javier Romero, profesor investigador de la UAM Xochimilco criticó que este presupuesto sea equivalente a los que reciben la UNAM y el IPN, pero “sin demostrar resultados” en cuanto a disminución de incidencia delictiva.



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Pese a que la Ley de la Guardia Nacional establece la obligación de que sus elementos cuenten con la Certificación Único Policial, es decir, con un examen aprobado de conocimientos, desempeño y control de confianza en materia policial, hasta noviembre de 2021 más de 89 mil de sus elementos no contaban con esta certificación, reveló un estudio elaborado por la organización Causa en Común.

Así lo informó María Elena Morera, presidenta de la organización, al presentar los resultados del Informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México ante el Senado de la República, en el que especificó que el 28 de mayo de 2021 venció el plazo que establece la ley para que los integrantes de la Guardia contarán con este certificado.

“Sin embargo, hasta noviembre del año pasado solamente el 21 por ciento de los elementos contaban con dicha certificación”, dijo.

Anteriormente, Morera había especificado que la Guardia Nacional pasó de tener 56 mil elementos en agosto de 2019 a 113 mil elementos en diciembre de 2021, más los 30 mil que la corporación aún planea agregar.

Sin embargo, el informe arrojó que de estos 113 mil elementos de la Guardia, 73 mil son procedentes de la Secretaría de la Defensa Nacional,17 mil de la Secretaría de la Marina y 23 mil de la extinta Policía Federal, “por lo que los incrementos corresponden casi exclusivamente a transferencias” militares y no a reclutamientos civiles.

Estos datos, aseguró, evidencian que el Gobierno “no está formando a los elementos de la Guardia Nacional como una policía civil, que fue la promesa que quedó plasmada en la Constitución, ni tampoco los están sometiendo a los controles de confianza que debe pasar toda policía en el país”.

“Al decir esto, no estamos criticando a los soldados y los marinos, por los que además sentimos un gran respeto. Por el contrario, lo que estamos haciendo es alertar sobre las posibles consecuencias, los efectos y los riesgos que pueden tener”, señaló.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, luego de reconocer que algunos de los elementos de la Guardia no contaban con este Certificado, amplió el plazo para la presentación de este requisito para el 31 de mayo de 2024, señala el informe.

Sin embargo, nuevamente Morera aseguró que “se ve complicado que, si en estos dos años y medio obtuvieron el certificado casi 21 mil elementos, lo puedan obtener los 90 mil restantes” de aquí a esa fecha.

Otros datos que arrojó el informe fue respecto al aumento en las asignaciones de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas, que pasaron de 43 a 246 atribuciones en dos años, o el incremento del presupuesto de la Guardia que para este 2022 recibirá 63 mil millones de pesos.

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Respecto al primer punto Alejandro Hope, analista en temas de seguridad, criticó que se esté dando una ampliación a las atribuciones de esta corporación, pues “cuando una institución hace de todo en todas partes, la realidad es que no alcanza para nada en ningún lado”; mientras que Jorge Javier Romero, profesor investigador de la UAM Xochimilco criticó que este presupuesto sea equivalente a los que reciben la UNAM y el IPN, pero “sin demostrar resultados” en cuanto a disminución de incidencia delictiva.



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