/ jueves 5 de noviembre de 2020

Omisión de autoridad en ataques y muerte de periodistas y defensores: CNDH

Los mecanismos de protección ayudan, pe no son suficientes si antes no se acaba con la impunidad, subraya el organismo

Los ataques, desapariciones y asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, ha topado con omisión de autoridades, mientras aumentan las agresiones contra estos dos grupos, reporta la CNDH en un informe enviado al Senado.

Vacíos legales, duplicidad, falta de investigación y fiscalías, son entra otras barreras, a que se enfrentan. Los mecanismos de protección ayudan, pe no son suficientes si antes no se acaba con la impunidad, subraya el organismo.

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Entre los años 2000 y 2019, la CNDH ha documentado 153 homicidios de periodistas, de ellos 16 casos corresponden a mujeres, lo que equivale al 10.45 por ciento. Las personas defensoras de Derechos Humanos, de 2006 al 31 de diciembre de 2019, se han registrado 49 homicidios, de los cuales 17 casos son a mujeres, es decir el 34.6 por ciento.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos destaca que estos ataques, agravios, descalificaciones, desapariciones y crímenes en su contra; “debe ser tema prioritario para todas las autoridades, con actitud de reconocimiento, confianza y cooperación con aquellas personas que informan a la sociedad y defienden a las víctimas de la vulneración de sus derechos y dignidad’’.

El organismo enumera los vacíos legales y/o subsistencia de tipos penales que son empleados para criminalizar u obstaculizar su labor; falta de mecanismos y acciones en las entidades federativas para prevenir, proteger e investigar las agresiones en su contra.

Tampoco hay coordinación entre las fiscalías y procuradurías locales con la Fiscalía General de la República, para la investigación de delitos cometidos en agravio de estos dos grupos en situación de riesgo, lo que además de duplicar las actuaciones, impide a las víctimas directas o indirectas tener certeza respecto a la autoridad a la que deben acudir.

Hacen falta fiscalías especializadas, protocolos de investigación con herramientas útiles a los agentes del ministerio público, para agotar las líneas de investigación relacionadas con la labor de las víctimas, con lo que se obstaculiza el acceso a la justicia de periodistas, personas defensoras y de sus familiares.

El año 2019 no ha sido la excepción, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 se han registrado 12 homicidios de periodistas y nueve de personas defensoras de Derechos Humanos.

Foto: Archivo Cuartoscuro

En el caso particular de la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos de la tierra y del medio ambiente, la CNDH reitera acabar con la impunidad existente, ya que los mecanismos de protección ayudan, pero no resuelven ni previenen el problema de fondo.

Los ataques, desapariciones y asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, ha topado con omisión de autoridades, mientras aumentan las agresiones contra estos dos grupos, reporta la CNDH en un informe enviado al Senado.

Vacíos legales, duplicidad, falta de investigación y fiscalías, son entra otras barreras, a que se enfrentan. Los mecanismos de protección ayudan, pe no son suficientes si antes no se acaba con la impunidad, subraya el organismo.

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Entre los años 2000 y 2019, la CNDH ha documentado 153 homicidios de periodistas, de ellos 16 casos corresponden a mujeres, lo que equivale al 10.45 por ciento. Las personas defensoras de Derechos Humanos, de 2006 al 31 de diciembre de 2019, se han registrado 49 homicidios, de los cuales 17 casos son a mujeres, es decir el 34.6 por ciento.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos destaca que estos ataques, agravios, descalificaciones, desapariciones y crímenes en su contra; “debe ser tema prioritario para todas las autoridades, con actitud de reconocimiento, confianza y cooperación con aquellas personas que informan a la sociedad y defienden a las víctimas de la vulneración de sus derechos y dignidad’’.

El organismo enumera los vacíos legales y/o subsistencia de tipos penales que son empleados para criminalizar u obstaculizar su labor; falta de mecanismos y acciones en las entidades federativas para prevenir, proteger e investigar las agresiones en su contra.

Tampoco hay coordinación entre las fiscalías y procuradurías locales con la Fiscalía General de la República, para la investigación de delitos cometidos en agravio de estos dos grupos en situación de riesgo, lo que además de duplicar las actuaciones, impide a las víctimas directas o indirectas tener certeza respecto a la autoridad a la que deben acudir.

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