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Condena el Frayba encarcelamiento de Silvia Juárez

  • OSCAR GOMEZ
  • en Municipios

San Cristóbal de Las Casas.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba), consideró que la “privación arbitraria de la libertad de Silvia Juárez y el mantenerla bajo proceso” y órdenes de aprehensión en contra de otras 29 personas, “son acciones de criminalización por su defensa de derechos humanos, como cuidadoras de la madre Tierra, en contra de los intereses generados por la industria extractiva en la región zoque de Chiapas”.

En un comunicado, recordó que el pasado 28 de marzo de 2017, después de 35 días de encarcelamiento arbitrario, obtuvo su libertad Silvia Juárez Juárez, indígena zoque, defensora comunitaria de derechos humanos, integrante del Movimiento en Defensa del Territorio Zoque, en resistencia civil y pacífica en contra de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y de minería en el municipio de Tecpatán, Chiapas y la región, detenida el 21 de febrero de este año, en Tuxtla Gutiérrez, y que estaba en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS), número 14, “El Amate”, en el municipio Cintalapa de Figueroa.

Se dijo preocupado porque a pesar de los cambios en el sistema de justicia penal, se mantienen las prácticas de violaciones a garantías judiciales y protección judicial, así como a la presunción de inocencia, “que generan privaciones arbitrarias a la libertad”.

El organismo no gubernamental refirió que el Juzgado de Control y Enjuiciamiento, con sede en Cintalapa, ordenó la libertad de Silvia Juárez, después de que la Procuraduría se desistió de la acción penal por los delitos de secuestro, daños y motín, por considerar que al Ministerio Público le faltaron elementos para acreditar los mencionados delitos.

“Sin embargo, Silvia Juárez aún está sujeta a proceso, con la obligación de firmar ante Juzgado cada 15 días, porque el licenciado César Rodríguez Robles, juez de Control, consideró que existen elementos para acreditar el delito de daños. Ante las amenazas de riesgo a su integridad y el hostigamiento reiterado en contra de las y los defensores del territorio zoque, Silvia Juárez no puede regresar a su hogar con su familia”, añadió.

Indicó que horas antes de que Silvia Juárez quedara en libertad, el presidente municipal de Tecpatán, Armando Pastrana Jiménez promovió un amparo por el desistimiento de la Procuraduría, para evitar que la defensora comunitaria obtuviera su libertad, además de mantener denuncia en contra de 29 personas defensoras comunitarias, ante el fiscal del Ministerio Público en Chiapa de Corzo, de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa.

Por último, lamentó que la situación de quienes defienden derechos humanos en México está condicionada por la criminalización de sus actividades, la cual se realiza a través del mal uso deliberado del derecho penal y de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de agentes, para obstaculizar e incluso impedir el legítimo derecho del defensor o la defensora de derechos humanos a promover y proteger los derechos humanos.