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Tuxtla Gutiérrez.- El Sindicato único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas, solicitó el pago de salarios caídos que corresponden a once meses del 2018 por la suma de 12 millones de pesos, el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, alto a la represión y persecución por parte del rector Jorge Luis Zuarth Macías.
El secretario general del sindicato, Edgar Federico Pérez Martínez, explicó en conferencia de prensa en la entrada de Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, que el conflicto inició en abril del 2018 con el despido de 130 trabajadores, de ellos denunciaron 84 y en enero de este año se reinstalaron 110, sin embargo, no se pagan los salarios.
Dijo que ante el reclamo de los derechos de los trabajadores, el gobierno del Partido Verde Ecologista de México reaccionó con el despido y no obstante tener la razón, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Carlos Martínez Vázquez, actuó con parcialidad a favor del patrón, con dilación y negando la justicia laboral.
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Con el inicio del actual gobierno del estado, se planteó el diálogo y se ordenó al rector Zuarth Macías desde la secretaría General de Gobierno cumplir con la Ley Federal del Trabajo, generándose así la reinstalación de 110 compañeros, pero se ha negado a pagar los salarios caídos, en tanto para confrontar a las bases pretende crear un sindicato paralelo.
La rectoría de manera unilateral ha procedido a la contratación de trabajadores de manera irregular, ha incurrido en violación al Contrato Colectivo de Trabajo, que además no se revisó en el 2018 y 2019, por lo que hemos acudido –dijo- a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para emplazar a huelga a la universidad Intercultural de Chiapas, que tiene su sede en San Cristóbal de las Casas.
Pérez Martínez mencionó se ha generado una persecución sistemática a la clase trabajadora mediante inventos de delitos para levantar actas en su contra, a la vez, se ha amenazado de agresión y se ha agredido a trabajadores, hechos por los que se ha presentado demandas ante la Fiscalía General del Estado.
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