San Cristóbal de las Casas.- A pesar de que demostraron todas las pruebas de inocencia, el poder judicial del estado de Chiapas condenó a 25 años de prisión a cada uno de los cinco indígenas tzeltales de San Juan Cancuc, y que purgaran su condena dentro del penal número 5 de San Cristóbal de Las Casas, diferentes organizaciones condenan esta sentencia injusta.
En un escrito denunciaron la criminalización hacia los defensores del territorio, el día de ayer miércoles 17 de mayo, el Poder Judicial del Estado de Chiapas declaró culpables a Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Domínguez, cinco indígenas defensores comunitarios, del pueblo maya tzeltales de San Juan Cancuc, privados arbitraria de su libertad por defender su territorio, a quienes se les condenó a 25 años de prisión por un delito que no cometieron.
“La Juez le dio valor probatorio a las declaraciones de los policías municipales, cuando ellos debieron ser los primeros en ser investigados, ya que la muerte de un policía aconteció en la patrulla municipal de San Juan Cancuc; otro hecho notorio fue que dio valor a un acta de defunción alterada, el pasado 3 de mayo de 2023, los cinco indígenas tzeltales rindieron su declaración frente a la Juez, en donde mencionaron que tres de ellos fueron detenidos de manera arbitraria el día 29 de mayo de 2022, en San Juan Cancuc, mediante un operativo conjunto de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, para después ser entregados a la Fiscalía de Justicia Indígena, quien primero les fabricó el delito de portación de droga y después los involucró en el homicidio que fueron sentenciados”, cita el escrito.
En el escrito, agregó que los dos últimos, declararon que fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de la policía estatal el día 1 de junio de 2022, a las afueras del penal número 5 de San Cristóbal de Las Casas, cuando visitaban a sus compañeros, estos dos últimos también fueron acusados por el mismo delito de los tres anteriores.
Lo anterior, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), uno de los organismos que puso abogados a los 5 ahora sentenciados, exige libertad y justicia a los cinco indígenas tzeltales originarios de San Juan Cancuc, ya que los abogados tienen plenamente documentado la existencia de graves violaciones a derechos humanos, entre ellas el debido proceso legal, haciendo notar la ineficacia de las investigaciones de la Fiscalía de Justicia, las cuales son carentes de valor jurídico, además de la parcialidad del Poder Judicial que actuó ignorando las evidencias claras de las privaciones arbitrarias de la libertad que fueron objeto los cinco defensores del territorio.
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