La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ha logrado la vinculación a proceso de 21 personas en Chiapas. De acuerdo al comunicado, los individuos son presuntos responsables de diversos delitos, entre ellos acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como posesión de drogas con fines de venta.
El general secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval, informó que personal de inteligencia en Tapachula logró ubicar y neutralizar el movimiento de dos células criminales que estaban generando violencia en la ciudad. Sandoval explicó que, mediante un minucioso trabajo de inteligencia, se detectaron estos grupos delictivos vinculados a la violencia en Chiapas. En los operativos participaron el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, actuando en los municipios de Tuzantán y Tapachula.
Entre los vinculados se encuentran Juan “L”, Carlos “L”, José “E”, Marcos “S”, Néstor “G”, Erick “N”, Carlos “P”, Kevin “C”, Cristian “A”, Benigno “U”, Carlos “H”, Heriberto “L”, Fernando “E”, Enrique “Z”, Mario “R”, David “G”, Josué “M”, Esbin “C”, Nelson “C”, César “C” y Martín “T”, de los cuales cuatro son de nacionalidad guatemalteca.
Estas personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante patrullajes de seguridad en Tuzantán, Chiapas. Según el comunicado de la FGE, los militares respondieron a un reporte de civiles armados en la carretera Huixtla-Tapachula. Al llegar, interceptaron un convoy de vehículos cuyos ocupantes afirmaron pertenecer a una organización criminal.
Durante el operativo, se aseguraron 29 armas largas, más de cinco mil cartuchos, 264 cargadores, más de un kilogramo de marihuana, 284.7 gramos de clorhidrato de cocaína y cuatro vehículos.
El Ministerio Público de la Federación presentó pruebas contundentes que llevaron al Juez del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas a dictar la vinculación a proceso. Se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro de Reinserción Social número tres, en Tapachula, y se concedieron cuatro meses para la investigación complementaria.
