/ miércoles 11 de abril de 2018

Negociación del TLCAN es clave para atacar corrupción en México

El capítulo anticorrupción del TLCAN, uno de los pocos que se ha cerrado, establece obligaciones “espejo” para los tres países

La mayoría de las empresas en México (dos de cada tres) no ha llevado a cabo una evaluación de riesgos de corrupción, aún cuando es uno de los temas percibidos como de mayor impacto por el entorno actual. Además, solo 9.0% de gerentes y directivos consultados realizó una evaluación de riesgos de lavado de dinero en los últimos 24 meses, un área de gran vulnerabilidad, según la Encuesta de Delitos Económicos 2018, de Pricewaterhouse Coopers.

La consulta que incluyó a gerentes, directivos de finanzas y gerentes ejecutivos de empresas que emplean entre mil y cinco mil personas, se enfocó en el impacto del soborno y la corrupción a pequeña escala para evitar, por ejemplo, multas o sanciones, hasta la corrupción a gran escala, que afecta a sectores elementales como salud, educación, infraestructura, etc.

El estudio señala que en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es clave elevar la efectividad del Sistema Nacional Anticorrupción en materia de transparencia y mejorar la posición de México frente a Canadá y Estados Unidos.

En la sexta ronda de negociaciones del TLCAN se cerró el capítulo Anticorrupción, con lo cual se tipifica el soborno, la malversación, los desvíos de recursos y el cohecho internacional, con obligaciones “espejo” para los tres países y se establecen elementos vinculantes a través de mecanismos y mejores prácticas con los más altos estándares.

El capítulo Anticorrupción busca “nivelar” el juego para las empresas que llevan a cabo negocios en los tres países, de tal forma que se penalice cualquier ventaja o beneficio indebido obtenido a través de corrupción y soborno entre privados y gobierno.

La firma señala que las empresas enfrentan hoy lo que llama la tormenta perfecta, es decir, mayores incidencias y riesgos internos y externos de fraude y corrupción, un rápido avance a nivel global en leyes anticorrupción, y una mayor exposición a riesgos reputacionales. Además, mayor escrutinio público, de reguladores y de socios comerciales.

Según el estudio, 87% de los encuestados cuenta con un programa formal de ética y cumplimiento, aunque PwC considera que un análisis más profundo revelaría sus alcances y efectividad reales. En total, solo 31% de las empresas ha realizado una evaluación de riesgos de soborno y corrupción, mientras que 49% se ha enfocado en amenazas cibernéticas.

En general, el estudio de PwC México destaca el aumento significativo del número de compañías víctimas de fraude en el país, que ha pasado de 37%, en 2016, a 58%, en 2018, es decir, 21 puntos porcentuales más. La tendencia está en línea a la experimentada también a nivel global (49%, en 2018, 36%, en 2016).

Al igual que hace dos años, en 2018, los actores internos (63% actual frente al 64% de 2016) repiten como los principales responsables de los delitos económicos y el fraude.

La mayoría de las empresas en México (dos de cada tres) no ha llevado a cabo una evaluación de riesgos de corrupción, aún cuando es uno de los temas percibidos como de mayor impacto por el entorno actual. Además, solo 9.0% de gerentes y directivos consultados realizó una evaluación de riesgos de lavado de dinero en los últimos 24 meses, un área de gran vulnerabilidad, según la Encuesta de Delitos Económicos 2018, de Pricewaterhouse Coopers.

La consulta que incluyó a gerentes, directivos de finanzas y gerentes ejecutivos de empresas que emplean entre mil y cinco mil personas, se enfocó en el impacto del soborno y la corrupción a pequeña escala para evitar, por ejemplo, multas o sanciones, hasta la corrupción a gran escala, que afecta a sectores elementales como salud, educación, infraestructura, etc.

El estudio señala que en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es clave elevar la efectividad del Sistema Nacional Anticorrupción en materia de transparencia y mejorar la posición de México frente a Canadá y Estados Unidos.

En la sexta ronda de negociaciones del TLCAN se cerró el capítulo Anticorrupción, con lo cual se tipifica el soborno, la malversación, los desvíos de recursos y el cohecho internacional, con obligaciones “espejo” para los tres países y se establecen elementos vinculantes a través de mecanismos y mejores prácticas con los más altos estándares.

El capítulo Anticorrupción busca “nivelar” el juego para las empresas que llevan a cabo negocios en los tres países, de tal forma que se penalice cualquier ventaja o beneficio indebido obtenido a través de corrupción y soborno entre privados y gobierno.

La firma señala que las empresas enfrentan hoy lo que llama la tormenta perfecta, es decir, mayores incidencias y riesgos internos y externos de fraude y corrupción, un rápido avance a nivel global en leyes anticorrupción, y una mayor exposición a riesgos reputacionales. Además, mayor escrutinio público, de reguladores y de socios comerciales.

Según el estudio, 87% de los encuestados cuenta con un programa formal de ética y cumplimiento, aunque PwC considera que un análisis más profundo revelaría sus alcances y efectividad reales. En total, solo 31% de las empresas ha realizado una evaluación de riesgos de soborno y corrupción, mientras que 49% se ha enfocado en amenazas cibernéticas.

En general, el estudio de PwC México destaca el aumento significativo del número de compañías víctimas de fraude en el país, que ha pasado de 37%, en 2016, a 58%, en 2018, es decir, 21 puntos porcentuales más. La tendencia está en línea a la experimentada también a nivel global (49%, en 2018, 36%, en 2016).

Al igual que hace dos años, en 2018, los actores internos (63% actual frente al 64% de 2016) repiten como los principales responsables de los delitos económicos y el fraude.