La ex presidenta municipal de Chalchihuitán, Margarita Díaz García, dice estar muy triste porque el grupo de poder de su municipio se impuso a la fuerza del Estado mexicano, que lo llevó a ser destituida por el Congreso del Estado y la imposición de un concejo municipal, violando los derechos políticos de quienes votaron en las elecciones del 1 de julio del 2018.
Durante un foro de participación y análisis de la violencia política en razón de género organizado por la Red de Paridad de Género (REPARE), sostuvo que los grupos de caciques de Chalchihuitán, en su mayoría ex presidentes municipales, presentaron como argumento el que una mujer no sabe gobernar, que no hablamos español y no tengo estudios.
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Lamentablemente pensé que el Congreso del Estado integrado en su mayoría por mujeres, actuarían de manera justa, no fue así, determinaron que yo había actuado mal y que merecía ser destituida, la verdad que las diputadas y los diputados locales actuaron con una gran injusticia.
Ahora estoy en mi casa, algo calladita, a pesar de que siguen los actos de injusticias en contra de la población por parte de los caciques ex presidentes municipales, me duele las injusticias, sigo mi proceso penal, sigo firmando en los juzgados y ya deseo mi libertad, me preocupa mi familia, dijo.
Mi aspiración es que se haga justicia, que se dejen de acusaciones falsas, solo quiero mi libertad, después de que el Congreso del Estado procedió a destituirse, no ha vuelto la paz a mi familia, a mi corazón, he abierto mi corazón al perdón, pero, se actuó con injusticia.
Pese a ello, sigue la tensión en el municipio indígena de Chalchihuitán por las violaciones a los derechos humanos y las agresiones por parte de los grupos de poder, no estoy de acuerdo con la determinación del Congreso del Estado, gané una elección el primer domingo de julio del 2018 en absoluta transparencia, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana fue testigo de ello, hoy no tengo más palabras que exigir justicia, libertad y paz, añadió.
Derivado de lo que ella llama injusticia en su contra por parte del Congreso del Estado y la denuncia penal de la Auditoría Superior del Estado a la Fiscalía General de Justicia, tiene el acompañamiento del Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE), por discriminación en razón de género, protección jurídica e incumplimiento a sus derechos políticos.
En julio del año pasado el Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de acuerdo con la causa penal 64/2019, ordenó prisión preventiva para Margarita Díaz García y junto con ella, el síndico Hermelindo García Núñez.
Mientras tanto, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) declaró en agosto del 2019, inexistente la violencia política en razón de género y violencia política contra autoridades de Chalchihuitán, en impugnación TEECH/JDC/023/2019 y su acumulado TEECH/JDC/024/2019, promovidos por Margarita Díaz García y Hermelindo García Núñez.
Su detención como presidenta municipal de Chalchihuitán ocurrido el 11 de julio del año pasado, hasta ahora no se ha resuelto, pese a que obtuvo su libertad, exhibe riesgo en el escenario en que vive, principalmente por ser indígena, por ser pobre y por hablar su lengua materna.