El obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, constató la oposición de comunidades indígenas de 14 municipios del Norte a la propuesta de construcción de una carretera que enlazaría de San Cristóbal con Palenque.
“Muchos de sus miembros de los dos grandes ejidos de Chilón, se han integrado en el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio donde participan campesinos de diferentes municipios que, entre otras demandas, no están de acuerdo con la edificación de una supercarretera que atravesaría sus territorios”, expresó.
En un comunicado, enfatizó que en el municipio de Chilón, de población mayoritariamente indígena, han decidido ejercer su derecho a tener una forma comunitaria de gobierno que les permita practicar su legítima autonomía y han solicitado a los mandos que les permitan gobernarse sin la intervención de los partidos políticos.
Refirió que los pueblos originarios de Chiapas han tomado conciencia de su dignidad y derechos, por eso han ido creando iniciativas de organización para ser cada vez más sujetos de su historia.
Dijo que acorde con la tradición diocesana y la práctica de la misión de la comunidad Bachajón, municipio de Chilón, han acompañado estas iniciativas del pueblo, porque corresponde al ejercicio de sus derechos humanos y colectivos y porque el Sínodo Diocesano y el Plan de Pastoral así lo indican.
Ante este panorama, afirma monseñor Aguilar Martínez, la Diócesis de San Cristóbal ha descubierto su misión y ha aprendido a acompañar desde la fe al pueblo que camina, y no sólo ha creado instancias con esa tarea específica, sino que su misma configuración institucional refleja su compromiso.
Manifestamos, mencionó el religioso, nuestra preocupación por el ambiente de inestabilidad que han creado las autoridades municipales de Chilón, encabezadas por Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, al acusar a los miembros de la misión de Bachajón de ser autores de las iniciativas que ha desarrollado el pueblo y de impedir el progreso de la demarcación.
Acusó que los mandos municipales han recurrido a los medios de comunicación locales, a las redes sociales y las asambleas amañadas, generando un ambiente de desinformación que pone en peligro tanto al personal de la misión como a quienes animan los procesos comunitarios.
Pidió a las autoridades estatales y municipales que cesen la campaña de difamación y garanticen los derechos de la ciudadanía de ejercer sus derechos, y de los miembros de la Diócesis a practicar su ministerio y acompañar a las localidades.