1ª Parte
¿Cuáles serán, pues, las penas de los nobles, cuyos privilegios forman gran parte de las leyes de las naciones?
Cesare de Becaria
Al asistir en agosto de este año al Congreso Internacional en la Ciudad de México organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, (INACIPE), sobre el Nuevo Modelo de Fiscalía, escuché puntos de vista interesante, destacó que los ponentes expresaron que por el escepticismo o desencanto de los ciudadanos debido a la inseguridad dominante que se advierte en el país, la población exige fiscalías más eficientes; para lograrlo, no es suficiente la autonomía del Fiscal, si no se vincula su función a la política criminal eficaz en todos sus aspectos; y ésta a su vez debe conectarse a políticas públicas de diversa naturaleza. Es claro que los logros en investigación y reacción, en los últimos tres sexenios no fueron satisfactorios en México. Ha sido difícil, o imposible, unir la persecución del delito al Estado Democrático de Derecho, porque éste, en realidad ha sido débil en México. Para algunos es de risa o mentira la afirmación de que el fiscal debe ser un acusador público, pero garante de la legalidad y los derechos humanos.
La Cuarta Transformación (4T) tiene que resolver el problema heredado de que si el Fiscal lo nombra el titular del Poder Ejecutivo, o el Gobernador del estado, entonces, ¿qué se puede esperar de ese Fiscal?; además, si éste nombra a los fiscales especializados o especiales para caso concreto, ¿qué se puede esperar con fiscales atados? Por eso, con justa razón se les ha llamado fiscales carnales. No obstante, considero que aunque el Presidente de la República nombre, o alguien nombre, para que desaparezca el fenómeno del Fiscal Carnal, lo que debe construirse es la autonomía de la función, la libertad de investigación técnica, científica y la de decidir sin consigna alguna. Considero que eso se puede lograr en la transición de la 4T, aunque requerirá de capacitar y formar recursos humanos y presupuestales, entre otros elementos, por lo tanto será transición de largo plazo.
El problema a resolver no es quién nombra, ya que finalmente alguien tiene que nombrar; lo que se necesita es función autónoma, eficiente y eficaz; esto es, fiscales que den resultados, que no dejen de acusar por corrupción o impunidad, o por negligencia acusen mal. En suma, se necesita no simular procuración e impartición de justicia, y no someterse a las mafias de todo tipo. Por lo tanto habrá que combatir a la peor de las criminalidades, me refiero a la engendrada por el neoliberalismo e infiltrada en las esferas del Poder Político, entonces surge la pregunta: ¿cómo descomponer la vieja cultura heredada? Me uno a los que responden que solo el Poder Político Integral lo puede hacer, pero entonces ¿qué tipo de poder político y democracia requerimos ya que lo actual definitivamente no funcionó?
Se requiere hacer varias cosas, entre otras, empezar por incrementar el número e intensificar capacitación de policías, (Guardia Nacional), fiscales y jueces todos de carrera. Que el que nombra no pida la renuncia a nadie, si no se ha cometido un error inexcusable, hay que desterrar la práctica de que si no cumples lo que te pido u ordeno, te corro. Desde luego, la lucha principal es contra la costumbre de la corrupción y la impunidad. Por esta razón reitero, que el debate sobre quién nombra al fiscal, es falso debate o discurso que no va a la esencia, porque hoy en el marco de la 4T para el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo verdaderamente importante es cómo lograr que el fiscal sea profesional, honesto y se rompa con la cooptación que el Presidente de la República y los gobernadores han tenido sobre los fiscales, además de la captura que hacen algunos grupos de poder.
En forma adicional, será muy importante establecer la política criminal previniendo los delitos específicos por lugar y en general en lo nacional; esto tiene que vincularse a la política social que previene delitos, sin esta conexión no se hace, nada hay que hacer en la política criminal. Los especialistas no dicen que después del derecho penal no hay nada, y la 4T tendrá que hacer un giro de 180 grados en lo social para que lo penal sea mínimo. El quid es encontrar los componentes para funcionar.
