Grupos de indígenas del municipio de Oxchuc manifestaron su rechazo a la consulta ciudadana que realiza el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y que concluiría el 5 de enero, la cual determinará el método de elección de las nuevas autoridades municipales, debido a que los integrantes de la Comisión Permanente por la Paz y la Justicia, que encabezan el expresidente municipal, Juan Encinos, Juan Gabriel Méndez y Francisco Gómez, recurre a la discriminación y amenazas.
El presidente de la Asociación de Comunidades y Organizaciones para la Unidad, Transformación y Desarrollo, Pablo Encinos; el presidente de la Organización Democrático y Popular del Pueblo de Oxchuc, Lorenzo Gómez; el delegado municipal de la Organización de Trabajadores Agrícolas y Campesinos de los Altos de Chiapas, José López y el representante de La Voz de los Llanos, José Luis Gómez, entregaron un escrito al presidente del IEPC, Oswaldo Chacón.
En el documento del que se dio cuenta en el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, los representantes señalan que desde las elecciones del 19 de julio de 2015 se impidió al pueblo el ejercicio de sus derechos y durante tres años no hubo autoridad legal, orden ni Estado de derecho; la destitución de las autoridades municipales vulneró la legalidad, al igual que el nombramiento del Concejo Municipal y luego la prórroga del mandato del mismo que encabeza Óscar Gómez.
“Si bien la realización de la consulta ciudadana es resultado de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, la Comisión Permanente por la Paz y la Justicia no ha cesado en sus actos de intimidación, les imponen sanciones y amenazas para que les comunidades voten en las asambleas a favor de los usos y costumbres y no por el sistema de partidos políticos para la elección de autoridades”, explican.
“Estamos con desafectos y faltos de seguridad jurídica, por las desconsideraciones de la llamada Comisión Permanente por la Paz y la Justicia, que actúa con el respaldo del presidente municipal interino, Óscar Gómez; las 130 comunidades no actúan en libertad, sino bajo amenazas”, insisten en el texto.
Denuncian y piden la intervención para la legalidad y el respeto a los derechos humanos ante el presidente de la Cámara de Senadores, Martí Batres; presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz; presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González.
Asimismo, piden la intervención del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab; presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador; gobernador del estado, Rutilio Escandón.