Al final de cuentas la Federación sí otorgará a los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en el estado subsidios para adquirir inmuebles. Las autoridades brindarán poco más de cinco mil apoyos a lo largo del año, el problema es que no son exclusivos de Chiapas sino para todo el país.
El director sectorial del personal de la dependencia, Mario Macías Robles, dijo que por mandato del Congreso de la Unión en 2019, el presupuesto de ese programa asciende a 400 millones de pesos en su vertiente de cofinanciamiento y, será aportado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano federal.
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ejecutará esa partida; desde inicios de este mes, el Infonavit comenzó el registro de los créditos que serán sujetos de esa ayuda, lo que favorecerá sólo a los afiliados con ingresos de hasta 2.8 unidades de medida y actualización, equivalente a siete mil 191 pesos mensuales, anunció el Instituto.
Dicha disposición –según la Conavi–, tiene como propósito focalizar los apoyos en la población con mayor rezago habitacional, marginación y violencia; así como a los integrantes de grupos indígenas.
“Va a ser un tema muy limitado. Alcanzaría nada más para seis mil créditos en todo el país”, previó Macías Robles.
Para mitigar los inconvenientes que generará la limitación de esa ayuda, adelantó, el Instituto evalúa otorgar un apoyo extra a sus derechohabientes para que puedan comprar una propiedad. La opción que ponderan es financiar ese apoyo con los mismos ahorros de los empleados.
“Aún se está analizando el tema. No hay todavía una determinación única concluida (…) Podría afectar el rendimiento de la subcuenta (de vivienda). También (hay que ver) cómo hacerle”, aclaró.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción informó que de 2007 a 2017 en toda la nación, la construcción de casas para quienes ganan menos de 18 veces el salario mínimo al mes cayó 148 por ciento. Además, 72 por ciento de las 45.3 millones de personas que conforman la población ocupada de México tienen ingresos iguales o menores tres veces el salario mínimo.
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