Jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se congregaron en la plaza principal de Tuxtla Gutiérrez, frente al Palacio de Gobierno Federal, para demandar al Estado Mexicano la restitución de los fondos acumulados por concepto de cesantía y vejez.
El representante Juan Padilla Galván expresó que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) no entregan la totalidad de los rendimientos, lo que resulta en un negocio redituable para ellas. Subrayó que no están solicitando caridad ni una doble pensión, sino simplemente el retorno de los ahorros que legítimamente les pertenecen. Cada ahorro tiene un propietario específico y una cantidad determinada, y es imperativo que se les entregue.
El término en cuestión es "seguro de cesantía en vejez y edad avanzada", que constituye la parte más sustancial de las pensiones de los jubilados del IMSS. Estos fondos deben ser íntegramente entregados a los trabajadores, ya que son propiedad de estos, no de la institución gubernamental federal, según enfatizó durante una rueda de prensa.
El tema ya ha sido presentado ante la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, pero aún no se ha recibido una respuesta satisfactoria. Los manifestantes insisten en que no están solicitando caridad ni una doble pensión, sino que están exigiendo la devolución de un ahorro que les corresponde por derecho.
Es importante destacar que estos recursos son propiedad de los trabajadores y no de las AFORE, el gobierno federal, el IMSS ni la Secretaría de Hacienda. El rubro de cesantía en edad avanzada y vejez representa el 60 por ciento de las contribuciones.
En el caso de una persona con un millón de pesos acumulados, solo se les estaría entregando 400 mil pesos, mientras que las AFORES y los administradores de fondos se quedarían con 600 mil pesos. Esto es considerado inaceptable, ya que, en conjunto con el Sistema de Ahorro para el Retiro, que incluye vivienda, retiro, cuota social y cesantía en edad avanzada y vejez, estos fondos deben ser entregados por el gobierno federal, ya que legítimamente les pertenecen a los trabajadores.
Padilla también señaló que este asunto ya ha llegado al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en Chiapas afecta a numerosas personas que están organizadas y reclaman la devolución de sus ahorros, cada una con cantidades diversas acumuladas a lo largo de sus vidas laborales.