El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) en México, Mark Manly, planteó atención integral al problema del desplazamiento forzado interno en Chiapas, garantizar la atención a las víctimas, la protección a sus derechos humanos y la solución.
Lamentó que en muchas comunidades indígenas el desplazamiento forzado interno se entienda como castigo, si bien debe reconocerse el derecho a la libre determinación, hay que abordar el problema desde los derechos humanos, dialogando con los pueblos originarios, alentar la prevención, la atención y promover la paz.
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Durante la presentación virtual de la relatoría del desplazamiento forzado interno en el estado en la sede de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, consideró necesario rescatar la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, creada desde febrero del 2012, mediante la creación de su reglamento e instalación y funcionamiento del Consejo Estatal para la Prevención, Atención y Solución del Desplazamiento Interno Forzado.
Desde hace varios años hemos venido trabajando con el gobierno de Chiapas para elaborar el reglamento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, documento que no se concretado, pero que debe encaminarse a generar las grandes soluciones de fondo.
En presencia del secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno y del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan José Zepeda Bermúdez, insistió en una solución duradera, los casos se han ido prolongando a través del tiempo y agrava la situación de las personas, la solución debe vincularse en la respuesta legislativa y administrativa.
Estamos frente a un fenómeno de gran magnitud, en México habría una cifra acumulativa de más de 300 mil personas, mientras que en Chiapas desde el 2010 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) documenta 6 mil 400 desplazados, cifra en la que ha coincidido el ombudsman Juan José Zepeda Bermúdez.
De acuerdo con el experto, en Chiapas de 1994 con el conflicto zapatista se registra un alto número de desplazados, así como por la masacre de Acteal en el municipio de Chenalhó en 1997 y posteriormente por intolerancia religiosa, por problemas agrarios y por diferencias políticas.
Se recomienda diagnosticar y atender las múltiples causas que dan lugar al desplazamiento, prevenir nuevos desplazamientos, generar más información estadística y que se tomen medidas para generar las soluciones duraderas y la posibilidad de desarrollo.
Sostuvo que debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 los desplazados tienen necesidades específicas que deben ser atendidas por las autoridades de los tres niveles de gobierno, las víctimas enfrentan riesgos para el distanciamiento social y vale la pena tipificar en el Código Penal el delito de desplazamiento forzado interno.
Juan José Zepeda Bermúdez | Presidente de la CEDH
En Chiapas se presentan desplazamientos forzados internos en San Cristóbal de Las Casas, Huixtán, Las Margaritas, Chenalhó, Ocosingo, Zinacantán, Chalchihuitán, Aldama, entre otros.
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