/ martes 5 de diciembre de 2023

Piden indemnización a propietarios desplazados durante conflicto con EZLN en 1994

En una reciente resolución judicial, el gobierno federal ha sido instruido a indemnizar a los propietarios de ranchos en los municipios de Ocosingo

El gobierno federal deberá indemnizar a los propietarios de ranchos de los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, cuyas tierras quedaron en poder de los rebeldes durante el conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación (EZLN) y el gobierno federal ocurrido en el año de 1994, así lo afirmó uno de sus dirigentes de los desplazados.

Al respecto, Raymundo Augusto García Álvarez, presidente del consejo de vigilancia de la Asociación Civil de Propietarios Rurales Desplazados de la Zona de Conflicto, en entrevista manifestó que, de acuerdo con la resolución de un juez federal, a las autoridades federales y estales les corresponde solucionar el problema, pues “fueron omisas para bridarnos el respaldo de la justicia y reivindicarnos por las pérdidas que sufrimos”.

“Acaba de salir la sentencia de un juez federal en la que falla manifestando que las autoridades fueron omisas y que por eso hemos sufrido el desplazamiento interno forzado, de andar vagando por todo el estado, de un lado para otro, sin el respaldo de la justicia y la ley y mucho menos que haya habido la reivindicación de nuestros derechos y sin la reintegración digna en nuestros lugares de origen”, indicó.

Sostuvo que tiene 29 años de que fueron desplazados de la zona llamada de conflicto, cuando el EZLN le declaró la guerra al gobierno federal y desde entonces han estado en carácter de desplazados internos, sin contar con el apoyo de las autoridades en los tres niveles.

Indicó que fueron 41 mil 937 hectáreas invadidas por el EZLN en 1994, afectados más de 400 propietarios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, y que 29 años después, dijo que el fallo del juez ordenó al gobierno federal dar la indemnización justa correspondiente, y nombrando una comisión de inmediato para que se atienda todas las pérdidas que sufrieron, entre ellos: propiedades, maquinaria, ganado y todas las vejaciones que sufrieron.

Por lo que, García Álvarez solicitó a las autoridades de las tres instancias de gobierno que hagan caso de inmediato para que sean resarcidos de las pérdidas sufridas durante el conflicto en el año de 1994, y que son más de 400 propietarios que han sufrido el abandono del Estado mexicano, desde 1994 en que sus tierras, según el EZLN, fueron “recuperadas”.

Puedes leer también: Víctimas de desplazamiento forzado de Acteal persisten en su batalla jurídica

“Las 42 mil hectáreas que en ese momento eran productivas cien por ciento, pero han quedado en la zona de conflicto, por lo que desde 1994 nosotros no hemos podido ingresar y mucho menos trabajar y obtener el fruto de la producción de esos lugares, lo que nosotros demandamos es una solución digna del problema, y según la sentencia del juez federal, le corresponde a los gobiernos federal y estatal indemnizarnos”, subrayó.

Finalmente, el dirigente Raymundo Augusto García Álvarez dijo que están esperando que se cumpla ese fallo y que ya no vamos a esperar más, y como víctimas exigirán de manera inmediata que se cumpla porque es una orden judicial, “estamos sufriendo con nuestras familias que ya se multiplicaron, exigimos que el gobierno federal y estatal cumplan con su deber”.

El gobierno federal deberá indemnizar a los propietarios de ranchos de los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, cuyas tierras quedaron en poder de los rebeldes durante el conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación (EZLN) y el gobierno federal ocurrido en el año de 1994, así lo afirmó uno de sus dirigentes de los desplazados.

Al respecto, Raymundo Augusto García Álvarez, presidente del consejo de vigilancia de la Asociación Civil de Propietarios Rurales Desplazados de la Zona de Conflicto, en entrevista manifestó que, de acuerdo con la resolución de un juez federal, a las autoridades federales y estales les corresponde solucionar el problema, pues “fueron omisas para bridarnos el respaldo de la justicia y reivindicarnos por las pérdidas que sufrimos”.

“Acaba de salir la sentencia de un juez federal en la que falla manifestando que las autoridades fueron omisas y que por eso hemos sufrido el desplazamiento interno forzado, de andar vagando por todo el estado, de un lado para otro, sin el respaldo de la justicia y la ley y mucho menos que haya habido la reivindicación de nuestros derechos y sin la reintegración digna en nuestros lugares de origen”, indicó.

Sostuvo que tiene 29 años de que fueron desplazados de la zona llamada de conflicto, cuando el EZLN le declaró la guerra al gobierno federal y desde entonces han estado en carácter de desplazados internos, sin contar con el apoyo de las autoridades en los tres niveles.

Indicó que fueron 41 mil 937 hectáreas invadidas por el EZLN en 1994, afectados más de 400 propietarios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, y que 29 años después, dijo que el fallo del juez ordenó al gobierno federal dar la indemnización justa correspondiente, y nombrando una comisión de inmediato para que se atienda todas las pérdidas que sufrieron, entre ellos: propiedades, maquinaria, ganado y todas las vejaciones que sufrieron.

Por lo que, García Álvarez solicitó a las autoridades de las tres instancias de gobierno que hagan caso de inmediato para que sean resarcidos de las pérdidas sufridas durante el conflicto en el año de 1994, y que son más de 400 propietarios que han sufrido el abandono del Estado mexicano, desde 1994 en que sus tierras, según el EZLN, fueron “recuperadas”.

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“Las 42 mil hectáreas que en ese momento eran productivas cien por ciento, pero han quedado en la zona de conflicto, por lo que desde 1994 nosotros no hemos podido ingresar y mucho menos trabajar y obtener el fruto de la producción de esos lugares, lo que nosotros demandamos es una solución digna del problema, y según la sentencia del juez federal, le corresponde a los gobiernos federal y estatal indemnizarnos”, subrayó.

Finalmente, el dirigente Raymundo Augusto García Álvarez dijo que están esperando que se cumpla ese fallo y que ya no vamos a esperar más, y como víctimas exigirán de manera inmediata que se cumpla porque es una orden judicial, “estamos sufriendo con nuestras familias que ya se multiplicaron, exigimos que el gobierno federal y estatal cumplan con su deber”.

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