Ante la contingencia del coronavirus (COVID-19), el Centro de Derechos Humanos Ku'untik pide a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la emisión de medidas precautorias suficientes para garantizar la integridad física y la vida de más 7 mil 600 personas recluidas en los Centros Estatales de Reinserción Social (CERSS) de Chiapas.
El presidente del organismo no gubernamental, Diego Cadenas Gordillo, informó que a el fin de semana pasado en plena fase dos de la contingencia por el COVID-19, ingresaron al interior de CERSS 14, El Amate, aproximadamente mil personas como visitas.
Ante la emergencia internacional por la propagación del COVID-19, resulta urgente atender la situación de extrema vulnerabilidad que enfrentan las personas privadas de la libertad, la vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad evidencia la ausencia de estrategias dirigidas a la preservación de la integridad personal de ese foco poblacional.
Dijo que hasta el momento el gobierno del estado no ha informado cuáles son las medidas a adoptar para evitar la propagación del virus dentro de los 22 centros penitenciarios del estado, los cuales presentan hacinamiento, sobrepoblación y deficiencias en el acceso al derecho a la salud de las internas y los internos.
De acuerdo a la CNDH en el Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad Instalada en la República Mexicana, seis centros penitenciarios de Chiapas presentan niveles en riesgo crítico de superpoblación, expuso en un comunicado.
La ocupación de estos 6 centros excede la capacidad de las estructuras; el CERES de Ocosingo presenta mayor riesgo en el estado con el 65 por ciento de sobrepoblación; a su vez, Huixtla presenta un 55 por ciento de sobre ocupación; en Comitán de Domínguez existen 138 espacios asignados y la población sobrepasa los 210 internos; Tonalá y Villaflores presentan un desabasto de especio de 46 por ciento y Playas de Catazajá presenta un 45% de sobrepoblación.
Cadenas Gordillo advierte que estos índices elevados de superpoblación y hacinamiento, denunciados desde 2018, ponen en alto riesgo de contagio a las personas privadas de la libertad que no cuentan con alternativas como aislamiento, cubre bocas y recursos para hacer lavados de manos cada 5 o 10 minutos, como lo sugiere la Organización Mundial de la Salud.
En estos momentos de contingencia internacional, producto de la propagación de la pandemia COVID-19, solicitamos -reiteró- la intervención de esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos para garantizar una atención óptima, suficiente e integral en los centros penitenciarios del Estado de Chiapas.
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