En materia migratoria, sin importar que haya disposiciones administrativas todas las medidas que implemente el gobierno “siempre tienen que estar apegadas a la Constitución”, dijo el presidente del Capítulo Chiapas de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), Francisco Ignacio Castillo Acevedo.
Justificó las acciones que las autoridades llevan a cabo para regular el ingreso de extranjeros a Chiapas y por ende a México, debido a que un bien supremo como la seguridad nacional está de por medio.
“Sabemos la problemática de la migración. No quiero incidir, pero sabemos de los índices de delincuencia y otro tipo de circunstancias que no se manejaban antes de esta migración”, aseguró.
Sin embargo, afirmó, toda acción en ese rubro debe estar apegada al Estado de derecho. En el país, esta condición tiene como referente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tanto sociedad como gobernantes deben regir su conducta con base en ella.
“Si nosotros advertimos en el actuar de la autoridad que no esté apegado a derecho, sería nuestra voz la que se tendría que pronunciar”, puntualizó.
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Organizaciones no gubernamentales como Oxfam México, Instituto para las Mujeres en la Migración y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (Uia) denunciaron que el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur, así como el condicionamiento de venta de boletos de autobuses a la presentación de una identificación oficial viola el Artículo 11 de la Carta Magna.
Dicho artículo establece que las personas tienen derecho a entrar, salir, viajar y mudarse por todo el país sin contar con un pasaporte, salvoconducto u otro requisito similar. Las empresas de transporte no están facultadas para verificar el estatus migratorio de un pasajero.
Durante los primeros cinco meses del año en Chiapas fueron presentadas 88 denuncias por infracciones a la Ley de Migración. La entidad ocupó el primer lugar en esa categoría.
