El Pleno de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este lunes el análisis y la discusión de las reformas secundarias en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocidas como Plan B.
El debate de este ordenamiento se da a unas horas de que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida el proceso legislativo del Plan B de la Reforma Electoral estaría sustituyendo las funciones del Congreso de la Unión.
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“Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la Suprema Corte de Justicia no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión”, señaló este domingo la Consejería Jurídica del Ejecutivo en un comunicado.
La instancia que preside la consejera María Estela Ríos González advirtió que, de hacerlo, los ministros de la SCJN “violarán el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre esto”.
En la sesión de este lunes se prevé que el ministro Alberto Pérez Dayán planteé un proyecto para invalidar el denominado Plan B, que propone anular todo el decreto de reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
Pérez Dayán indica en el proyecto que “el cúmulo de irregularidades y violaciones a los Reglamentos de cada Cámara en las que se incurrió durante el procedimiento legislativo que culminó con la aprobación del Decreto impugnado, conlleva una afectación sustancial a los valores centrales de la dimensión deliberativa de la democracia representativa”.
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Particularmente, añade, “en cuanto a la necesidad de resguardar el debido proceso, el respeto a los derechos de las minorías parlamentarias, la libertad de expresión que asiste a cada uno de los legisladores, así como su derecho al voto”.
“De forma tal que ningún parlamentario sea excluido del proceso deliberativo, aspectos que en el presente caso impidieron que existiera un debate abierto e informado por parte de todos los integrantes del cuerpo legislativo, respetando los tiempos y las formas respectivas”, plantea el proyecto del ministro Dayán.
