En la comunidad indígena de Piedra Parada en el municipio de Zinacantán privaron de la libertad al señor Benigno González Bartolón y a su hijo Roberto Carlos González Herrera, los habitantes piden a los familiares la cantidad de 170 mil pesos para su liberación, no hay margen de negociación, los están golpeando, torturando, causando daño psicológico y existe la amenaza de que el monto aumente, dije Rocío González Herrera, familiar de las víctimas.
En conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, explicó que no ha visto a sus familiares desde que recibió la llamada de que su padre y hermano habían sido privados de la libertad por causar daño en un accidente en el kilómetro 43 de la carretera libre entre San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo el pasado 20 de febrero, por lo que viajó de Ciudad Victoria, Tamaulipas para ayudar a los suyos tras recibir una llamada telefónica de que necesitaban de la colaboración de sus familiares.
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Relató que al llegar a Chiapas acudió a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía de Asuntos Indígenas y a las Unidades Médicas en busca de obtener información, sin embargo, nadie tenía registro de ellos, por lo que acudieron al kilómetro 43 de esa vía de comunicación donde hablaron con Manuel Enrique Jiménez Jiménez, regidor plurinominal de Zinacantán, así como una persona de nombre Juan Enrique quien era el encargado de llamarles para pedirles dinero.
En este sentido, González Herrera aseguró que los convencieron de otorgar una cantidad de dinero, posteriormente acudieron a la Unidad Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado para solicitar ayuda, pero la respuesta que recibieron es que esa práctica de los pobladores es parte de sus usos y costumbres y que estaban obligados a reparar "o sí o si", esto por un supuesto accidente vehicular del que hasta ahora no hay denuncia, peritaje ni investigación.
“Nos dirigimos a las ocho de la noche a la Fiscalía de Asuntos Indígenas en San Cristóbal de las Casas con Juan Antonio Bautista Carpio, el mismo 20 de febrero, estando presente el delegado René, Luis Felipe Gordillo, servidores públicos estatales y Manuel Enrique Jiménez, regidor de la zona, el ministerio público en turno, entregaron el dinero, 100 mil pesos y no nos regresaron a mi padre”, expuso.
Detalló que les mostraron una fotografía de que sus familiares se encontraban en un hospital de San Juan Chamula. “Una trabajara social nos dijo que lo rescatáramos porque estaban secuestrados, no lo hemos visto, la única comunicación era entre los servidores públicos y la trabajadora social quienes confirmaban su presencia en el lugar, sin embargo, a partir de las seis de la tarde del miércoles se confirma que ya no están ahí”, agregó.
Durante la entrevista la denunciante recibió una llamada telefónica de su hermano Roberto Carlos González Herrera, quien advirtió que tenían que conseguir el dinero para lograr su libertad, ya que la cuenta podría incrementarse en la medida en que tarde la entrega del dinero.
Ante ello, Rocío respondió que ha comunicado a todos sus familiares el caso y espera que entre todos puedan reunir el dinero, aunque ha comenzado a perder las esperanzas.