La efectividad de los militares en labores de vigilancia en aeropuertos y en el control y supervisión del espacio aéreo nacional, ha generado irritación y molestia en sectores de la aviación civil por los intereses afectados. En el verano del 2021 cuando la Guardia Nacional se hizo cargo de la vigilancia de los aeropuertos del país, el Centro de Mando y Control (CMC) del Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA) del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional (EMCDN), elaboró un reporte con las irregularidades que se habían detectado. El dato más grave era que el 61 por ciento de las aeronaves que generaron alertas aéreas en vuelos procedentes de Sudamérica, operaron previamente en el país con diversas irregularidades sin que las autoridades aeroportuarias intervinieran.
Entre las irregularidades documentadas estaban los casos de tripulaciones que empleaban licencias de vuelo falsas o suplantaban la identidad de otros pilotos para dificultar su seguimiento por parte de las autoridades. Había aeronaves que portaban matrícula falsa, o que no le correspondía, incluso con registro vencido. También registraban en los planes de vuelo nombres de tripulantes distintos a los que operaban la aeronave. Se detectaron aeronaves con asientos para pasajeros retirados a fin de permitir mayor capacidad de carga, o que utilizaban aditamentos para reabastecimiento de combustible en vuelo (bombas, mangueras) y transportando combustible en bidones o contenedores distintos a los tanques de las aeronaves. Hubo quienes presentaban copias de licencias e identificaciones de tripulantes o de la documentación de la aeronave, argumentando no portar originales pese a que es requisito obligatorio. A todo esto llamó la atención la pasividad de las autoridades aeroportuarias para revisar la documentación de aeronaves y pilotos. Además de que hubo casos donde se restringió el acceso a personal de seguridad para revisar aeronaves.
Hasta ese momento el Centro de Mando y Control (CMC) del Sistema Integral de Vigilancia Aérea, había alertado a los militares desplegados en distintas terminales aéreas del país sobre varias irregularidades lo que generó el aseguramiento de 20 aeronaves involucradas en algún ilícito.
El consenso era que la autoridad aeronáutica carecía de personal e infraestructura para inspeccionar todas las aeronaves que operan en el país, lo que vulneraba la seguridad en la aviación civil y facilitaba la operación de actividades ilícitas, incluso con la cooperación de las autoridades locales. Este fue uno de los factores para que en su momento la Administración Federal de Aviación estadounidense degradara la seguridad aérea de México a categoría 2, la cual a principio de este mes quedó superada tras subsanarse las observaciones para regresar a categoría 1.
La intervención de militares y la Guardia Nacional en aeropuertos y a cargo de la aviación civil no implica que todas las irregularidades documentadas desaparezcan. Expertos en aviación civil argumentan que entorpecen las operaciones, además no están blindados contra la corrupción. Abona la opacidad y el secretismo castrense, el cual como se ha demostrado en ciertos casos a lo largo del sexenio, no es infalible.
@velediaz424
