En medio de la creciente ola de inseguridad que azota al estado de Chiapas, el abogado José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Federación, Colegios, Barras y Asociación de Abogados de Chiapas AC, ha levantado la voz para exigir a las autoridades estatales y federales que cumplan con su deber constitucional de garantizar la seguridad de los chiapanecos. En un comunicado público, Blanco Urbina ha lanzado una enérgica llamada a la acción, llegando incluso a pedir la renuncia de aquellos funcionarios que no puedan hacer frente a la crisis de seguridad.
El abogado Blanco Urbina señala que la situación de inseguridad en Chiapas se ha vuelto alarmante, afectando a numerosos municipios en todo el estado. Destaca la complejidad de la situación en lugares como Frontera Comalapa y sus municipios vecinos, como Motozintla, El Porvenir, La Trinitaria y Las Margaritas, así como otros como Venustiano Carranza, Teopisca, Altamirano, Ocosingo, Oxchuc, San Juan Cancuc, Chenalhó, Pantelhó, Aldama y Chalchihuitán.
El presidente de la Federación de Abogados subraya la importancia de que los tres niveles de gobierno asuman sus responsabilidades para restablecer la paz en la región. Hace hincapié en la necesidad de poner fin a la desaparición de personas, los crímenes y los feminicidios, y llama al gobierno federal a desplegar soluciones efectivas. También destaca la corrupción y la impunidad como males que han permeado la administración de justicia en Chiapas, señalando que la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado han fallado en proporcionar resultados, lo que ha llevado a la falta de claridad y, en última instancia, a la impunidad en numerosos casos.
En su comunicado, el abogado Blanco Urbina insiste en que este no es el momento de distraer la atención gubernamental con temas electorales y exhorta a que se priorice la seguridad y el bienestar de la población chiapaneca. Su llamado a la renuncia de aquellos funcionarios que no puedan abordar adecuadamente la crisis de seguridad refleja la creciente frustración de la sociedad ante la persistente inseguridad en la región.
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Ante esta exigencia enérgica y urgente por parte de un líder legal prominente, las autoridades estatales y federales enfrentan una presión adicional para tomar medidas concretas y efectivas para abordar la inseguridad que asedia a Chiapas.
