Tuxtla Gutiérrez.- Después de la masiva marcha realizada el pasado lunes en el centro de la capital chiapaneca, socios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez, conocido como Conejobús, se reunieron con el subsecretario de Gobierno, Francisco Javier Cruz Ovando, para exigir el pago de 43 meses de subsidio que han estado suspendidos desde enero de 2020. El monto total adeudado asciende a casi 144 millones de pesos.
La comitiva que representó a los socios del Conejobús en la sede del poder ejecutivo estuvo encabezada por María Alejandra Chagoya Labra y el abogado Servando Cruz Solís. Durante la reunión, expusieron la grave situación que atraviesan debido a la falta de pago por parte del presidente administrativo del SITUTSA, Aquiles Espinosa García. Los socios señalan que han sido víctimas de violencia económica, institucional, física y psicológica continua y reiterada.
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Al término del encuentro, Chagoya Labra informó que se acordó una reunión de trabajo con la presencia del Secretario de Movilidad y Transportes, Aquiles Espinosa García, así como otros funcionarios públicos, con el objetivo de establecer una ruta de trabajo que conduzca a la solución definitiva del problema. Sin embargo, dejó en claro que la solución no está sujeta a negociación, sino que se exige el respeto al Estado de Derecho. Para alcanzar una resolución, se llevará a cabo una asamblea de socios, para la cual aún no se ha fijado fecha, con el fin de allanar el camino hacia la recuperación de sus derechos agraviados.
Es importante destacar que todos los socios afectados son adultos mayores, quienes demandan el pago inmediato del subsidio y la reinstalación de sus rutas en diversas zonas de la ciudad. Entre las rutas afectadas se encuentran la avenida central oriente y poniente, los boulevares Angel Albino Corzo y Belisario Domínguez, así como la ruta 2 en la calle central norte y sur y primera poniente norte y sur, abarcando desde la colonia Albania Alta hasta Potrero Mirador.
El Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez se constituyó como sociedad anónima en el año 2009, ante la fe del notario público Gilberto Ocaña Méndez, durante la gestión del entonces gobernador del estado, Juan José Sabines Guerrero. Desde enero de 2010, la empresa inició operaciones con autobuses que dejaron de funcionar en 2020. La sociedad está integrada por 105 socios, compuestos por 97 personas físicas y 8 personas morales, además de 139 placas vehiculares.
María Alejandra Chagoya Labra enfatizó que no están dispuestos a negociar lo que legítimamente les pertenece, como sus placas, rutas y concesiones, así como los recursos económicos adeudados. De no cumplirse con sus demandas, advirtió que continuarán con sus quejas, exigencias y movilizaciones, siempre defendiendo el Estado de Derecho. Asimismo, hizo hincapié en que no cederán ante presiones, chantajes o amenazas.
